Luego de la reñida votación en el Senado, ayer quedó promulgada de hecho, al ser publicada en el Boletín Oficial, la ley de presupuestos mínimos para la protección de los glaciares.
La norma, resistida por el Gobierno y las compañías mineras, había dividido al oficialismo durante su tratamiento legislativo, y cuenta con el respaldo de las organizaciones ambientalistas.
La ley declara los glaciares como "bienes de carácter público" y apunta a garantizar su protección de "reservas estratégicas de recursos hídricos". El año último, la presidenta Cristina Kirchner había vetado una ley similar aprobada en el Congreso, que este año promovió un nuevo proyecto, impulsado por el diputado Miguel Bonasso (Diálogo por Buenos Aires).
En virtud de la norma, quedan prohibidas en los glaciares las actividades que puedan afectar su condición natural, como la liberación, dispersión o disposición de sustancias o elementos contaminantes, productos químicos o residuos de cualquier naturaleza.
Tampoco se pueden emprender obras de arquitectura, con excepción de las necesarias para la investigación científica, y la instalación de industrias o el desarrollo de obras o actividades industriales.
Entre las normas más controvertidas, la ley crea el Inventario Nacional de Glaciares, en el que se deberán registrar todas las reservas hídricas existentes en el territorio nacional, con toda la información necesaria para su adecuada protección. La regulación afectará a las provincias cordilleranas con intereses mineros, en especial la de San Juan, y las cámaras empresariales mineras y petroleras.
Las actividades proyectadas en los glaciares que no se encuentran prohibidas, sin embargo, estarán sujetas a estudios de evaluación de impacto ambiental. La ley establece un abanico de sanciones e infracciones, que van desde el apercibimiento hasta multas y el cese definitivo de la actividades. Los importes recaudados por esta vía se destinarán, prioritariamente, a la protección y restauración ambiental de los glaciares afectados.
"Era necesaria una norma que protegiera las reservas de agua para nosotros, para nuestros hijos y para las futuras generaciones", declaró el senador Daniel Filmus (FPV-Capital), al conocer la promulgación de la ley, que lleva el número 26.639.