El gobierno argentino solicitó días pasados a la Corte Suprema de su país la paralización de la construcción de una represa en el noreste argentino, cerca de la frontera con Uruguay, un proyecto privado en el que participa el empresario húngaro-estadounidense George Soros.
La Procuración del Tesoro (cuerpo de abogados del Estado) dijo en un comunicado que pidió al Supremo "que dicte el cese inmediato y la paralización" del proyecto Ayuí Grande, en la provincia de Corrientes.
La solicitud, según explica la nota, se realizó en base a un informe elaborado por la Gendarmería Nacional (policía de frontera), que da cuenta de la proximidad del inicio de las obras de la represa, en un afluente del río Uruguay. El mes pasado, la Procuración ya había presentado una acción de amparo ante la Justicia para frenar la construcción de la represa hasta tanto se realizaran los estudios de impacto ambiental.
El proyecto consiste en inundar 8.000 hectáreas de tierras ubicadas a 50 kilómetros de los Esteros del Iberá, un ecosistema protegido y de gran diversidad biológica.
Esa represa, según lo proyectado, se utilizará como reservorio para unas 77.000 hectáreas de tierras destinadas al cultivo de arroz, una iniciativa de las compañías Copra, perteneciente a un directivo del grupo de comunicación Clarín, y de Adecoagro, de Soros.
El gobierno de Cristina Fernández ha alegado que la provincia de Corrientes no informó adecuadamente al Estado nacional sobre la obra, pese a que desde setiembre de 2008 se le solicitó en tres oportunidades los antecedentes del proyecto. Además sostiene que Argentina corre "serios riesgos" de incurrir en irresponsabilidades internacionales ante un eventual incumplimiento de Estatuto del río Uruguay, tratado bilateral que reglamenta la administración compartida de ese recurso fluvial.
En agosto pasado, el canciller uruguayo, Luis Almagro, manifestó a Buenos Aires su
"preocupación" por la construcción de la represa. La instalación de una gigantesca papelera de capital finlandés en territorio uruguayo fronterizo con Argentina desencadenó una controversia diplomática iniciada hace siete años entre ambos países y que fue motivo de una demanda ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya.