Los productos fitosanitarios de origen sintético o biológico, son productos destinados a la protección de los cultivos, para permitir el adecuado desarrollo sanitario de vegetales que se producen con fines alimentarios o industriales. Sobre su utilización, aplicación, venta y demás detalles, trata la Ley 11.273. Por considerar necesaria su actualización, en la jornada de ayer se desarrolló un encuentro para ingenieros agrónomos, que son los únicos que en la provincia de Santa Fe ostentan la autoridad de aplicar agroquímicos.
Además de la Dra. Cecilia Travella, que expuso sobre la toxicidad de los productos fitosanitarios, durante la mañana se encargó de detallar los factores intervinientes en los efectos ambientales de estas aplicaciones, la ingeniera agrónoma y doctora en biología vegetal, Cristina Arregui.
Promovido por el Colegio de Ingenieros Agrónomos, junto con el Ministerio de la Producción, a través de la Dirección de Sanidad Vegetal, se actualizaron conocimientos novedosos sobre las propiedades de los plaguicidas que contaminan el suelo y el agua.
"La provincia de Santa Fe es pionera en este tema, porque tiene una ley que regula las aplicaciones y la actividad profesional sobre los agroquímicos", enunció la idónea que remarcó que "los ingenieros agrónomos tienen una formación y una preocupación natural en el ejercicio de su profesión, como para causar el menor daño a la salud de la población y el menor impacto ambiental posible".
El manejo de plaguicidas es muy preciso, en cuanto a su costo, a su beneficio y a las consecuencias negativas que puede ocasionar en el medio ambiente, determinando el estado de salubridad de personas y animales al ponerse en contacto con la tierra o el agua.
Ocuparse de todos los aspectos referidos a los productos fitosanitarios es notoria, ya que "en dos jornadas que hemos tenido en la zona centro de Santa Fe, se han juntado 125 profesionales que se ocupan específicamente de la aplicación de agroquímicos", a esto se suma la preocupación de los organismos de formación de las universidades, pero a veces suele quedar pendiente "la interacción y el saber de la gente en general, quizá estamos fallando en esa comunicación". La necesidad de explicar los verdaderos riesgos y alcances que existen en torno a los plaguicidas, es una brecha de necesario acortamiento, para que la opinión pública conozca los principales detalles del tema.

Limitaciones
Los aspectos relacionados a la contaminación tiene pautas bien determinadas en el texto de la Ley. Es remarcable que en su artículo 33 se expone la limitación de tres mil metros de radio respecto a plantas urbanas, para la aplicación aérea de productos fitosanitarios de clase toxicológica. De acuerdo a su tipificación, las restricciones pueden reducirse hasta los 500 metros.
"La Municipalidad de Rafaela, particularmente, se ha preocupado mucho por los límites. Hace unos años hicimos un trabajo utilizando la Ley de agroquímicos de la Provincia y delimitando las áreas de riesgo, según las restricciones que la norma fija", indicó Arregui. Entre tanto temor, muchos habitantes hay veces que exigen limitaciones que no existen en la Ley y que suelen ser innecesarios, pero que conforman esta idea de riesgos, muchas veces ampliada.

Sin control
"Legalmente no hay control, a nivel nacional no hay monitoreo de suelos y agua, salvo cuando hay denuncias. No hay un servicio dedicado al control", explicó la Ing. Arregui, profesora titular de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de Esperanza.
Desde el ejercicio profesional, los ingenieros agrónomos se preocupan por no contaminar, ya que comparten la problemática en su mismo lugar de trabajo y vivienda, pero a esto se suma que "los agroquímicos son todos importados, los precios son muy elevados y nadie quiere llevar los costos de producción porque bajaría la rentabilidad". Una justificación económica encuentra una suerte de garantía en cuanto a las aplicaciones.
Para la Ing. Arregui "estos 140 días de conflicto nos han arrimado mucho al tema de los costos y las rentabilidades en los sistemas agrícolas".
Pero también en números se debiera medir o disponer un sistema gubernamental de control, tal como indica el artículo 41 de la Constitución Nacional, "corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales". El medio ambiente es mirado a veces como una problemática secundaria, más allá de algunos casos mediáticos, pero este mismo segmento de la carta magna argentina establece "todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley.
Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales".
Más allá de los profesionales, sería menester de la Provincia y de la Nación la conformación de algún órgano estatal o autárquico que releve la tarea de los ingenieros agrónomos, los alcances en el medio ambiente y el cumplimiento de aspectos tales como almacenamiento, transporte y manipulación, que en muchos casos es descuidado, más allá de la mirada profesional.