Ya sumarían cerca de una decena los municipios bonaerenses que le solicitaron -o planean hacerlo- a la Provincia tener facultades para cobrarles a los productores rurales una tasa por la extracción de agua para riego en los campos.
Pese a que el miércoles pasado Daniel Scioli saludó la iniciativa y le dio su visto bueno, en la jefatura de Gabinete y Gobierno comenzaron a analizar en profundidad el tema y se encontraron con una serie de trabas que al menos dificultarán el proceso.
Es que más allá de pedido y de la intención política de Scioli, hay obstáculos legales y vinculados a la insuficiencia municipal de infraestructura para encarar el contralor del uso del agua en las zonas rurales de la Provincia. De hecho, si el propio gobierno bonarense ha sido incapaz de lograr que la Autoridad del Agua (organismo con competencia en el tema) controle y cobre por el uso del agua subterránea, no se explica cómo lo harán las administraciones municipales.
En ese contexto, una de las alternativas en estudio por parte del Ejecutivo provincial es habilitar a la supervisión de los pozos y al cobro de una tasa sólo a aquellos distritos que posean una estructura para el contralor.
También se están estudiando las maniobras legales a partir de las cuales trasladarle aunque sea una parte de la competencia instransferible de la Provincia en materia de agua. Esta atribución es fijada por el Código de Aguas y por la propia Constitución provincial. El riesgo que se corre es que, si no se completa un proceso legal sólido a partir del cual los municipios queden habilitados a cobrar por el agua de riego, todo el mecanismo podría ser objeto de miles de acciones de los ruralistas ante la Justicia.
Aunque tiene un origen recaudatorio, los intendentes de la zona norte bonaerense lo sustentan a partir de la afirmación de que el uso indiscriminado del agua está generando la contaminación de las napas y pone en riesgo la provisión para el uso domiciliario.
Los especialistas consultados reconocen que ello es cierto, principalmente a partir de la falta de controles de la Provincia. Sin embargo, se preguntaron cómo harán las comunas los monitoreos si carecen de equipamiento y personal idóneo para la tarea.

Los intendentes que quieren cobrar a ruralistas
Los intendentes de Rojas, Pergamino y Salto ya le habían solicitado a la Provincia cobrar una tasa al riego y ejercer sus propios controles. La semana pasada se sumó el intendente de Capitán Sarmiento, Oscar Ostoich, quien le llevó el mismo planteo directamente a Daniel Scioli.
Es más, Ostoich adelantó que le acercarán una nota al Ejecutivo solicitando la elaboración de un proyecto que faculte a las intendencias a realizar controles, decretar sanciones y cobrar una tasa a quienes usen los pozos para regar las hectáreas sembradas.
Este pedido tendrá el respaldo de otros jefes comunales, como los de los municipios de Rojas, Salto, Carmen de Areco, Baradero y Junín, entre otros.