En pleno Siglo XXI, y teniendo los recursos para construir el acueducto y el compromiso de realizar obras que beneficien a Pradera y Florida, es absurdo que sus autoridades se nieguen a autorizar la obra que necesitan 75.000 habitantes de Candelaria. Y que se lleguen a utilizar vías de hecho como la huelga de hambre o las protestas que degeneran en problemas de orden público para reclamar un derecho básico como es el acceso al agua potable.
Según los estudios realizados por los organismos ambientales, el caudal de los ríos Bolo y Frayle es suficiente para proporcionar líquido a los tres municipios, incluido el corregimiento de Villa Gorgona. También está claro que los pobladores de Candelaria no pueden continuar sin el suministro de agua potable que les evite consumir la que hasta ahora se extrae de pozos profundos con altas dosis de contaminación. Por eso, lo más natural es que el Estado busque en el vecindario la solución que reclaman los candelareños.
De acuerdo con el Artículo 288 de la Constitución Nacional, “las competencias atribuidas a los distintos niveles territoriales serán ejercidas conforme a los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad en los términos que establezca la ley”. Pero, al parecer, no existe ninguna autoridad con las atribuciones suficientes para obligar a los municipios colindantes a cumplir el compromiso que firmaron y resolver el problema.
Como tampoco parece existir claridad acerca de las responsabilidades que le corresponden a las autoridades locales en la solución de los dilemas que afectan a sus compatriotas. Este no es un tema político ni económico ni de cualquier otro género distinto a la solidaridad que debe existir entre vallecaucanos. Si eso se entiende, se resolverá la sed de Candelaria, a la vez que Pradera y Florida podrán contar con un acueducto regional, moderno y seguro, recibiendo también la reforestación de las cuencas y las obras necesarias para evitar la erosión de las zonas.
Ante la imposibilidad de encontrar una solución, doce concejales protagonizaron una huelga de hambre en la Plaza de Bolívar en Bogotá. Y ya empezaron las protestas ciudadanas, que han sido hábilmente explotadas por los agitadores de siempre para lograr una escalada de disturbios que obligaron a la intervención de la Policía. ¿Era necesario llegar a esos extremos? ¿Acaso no hay una instancia dentro de las instituciones que conforman nuestro Estado Social de Derecho para resolver tan absurdo conflicto?
Al parecer hasta ahora ha sido imposible lograr que los alcaldes de Pradera y Florida dejen de lado sus pretensiones, abandonen esa forma de presionar para conseguir más concesiones y piensen en el grave problema que padecen decenas de miles de personas tan colombianas como ellos. Algo insólito en una democracia donde el objetivo de sus instituciones de Gobierno debe ser la solución de los problemas que acosan a los ciudadanos. Sin distinciones de ninguna clase y menos aquellas que crean los límites de municipios vecinos, que deberían estar unidos.