Un invierno benigno y los pocos ajustes tarifarios pasan inadvertidos, por ahora, para la caja oficial: el Gobierno gastó en el primer semestre $ 12.319,1 millones en subsidios para sostener la delicada situación energética, postergar aumentos en las tarifas de electricidad y gas y el boleto de trenes, subtes y colectivos que circulan en el área metropolitana, y contener los precios de algunos alimentos, como la carne, la leche, los fideos y el pan.
El monto implica un gasto diario de casi $ 68 millones y un alza interanual del 215%. Incluye el financiamiento a algunas empresas públicas, transferencias a la industria y al sector rural, pero no abarca todo el universo de subsidios. No contempla, por ejemplo, algunos recursos que se mueven a través de fondos fiduciarios porque "no se cuenta con el avance de la ejecución presupuestaria de estos fondos a junio", aclara el último informe de la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP). En términos llanos: el monto final es, en realidad, más abultado.
La delicada situación energética, que siempre demandó el mayor esfuerzo de la chequera oficial, se complicó este año por la incesante suba del precio del petróleo, que encareció los combustibles que la Argentina importa para paliar la escasez interna. La decisión oficial de evitar que los hogares de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires paguen más por la luz y el gas que consumen, inquebrantable hasta la semana pasada, obligó al Gobierno a cuadruplicar los subsidios para energía. La Casa Rosada no escatimó recursos: hubo $ 8157 millones para contener la situación, un 295% más que en el primer semestre del año pasado y el equivalente a, por ejemplo, diez centrales térmicas.
Cammesa, la administradora del mercado eléctrico mayorista, recibió $ 4567,4 millones, principalmente para comprar el fueloil que consumen las centrales térmicas en vez de gas. Se logra así garantizar el consumo de los hogares y minimizar las restricciones a las estaciones de GNC. La cifra fue un 337% mayor que la otorgada en los primeros seis meses de 2007, aun cuando este año hubo temperaturas más benignas. Con todo, este monto no impidió que muchas generadoras deban esperar hasta un año para poder cobrarle a Cammesa parte de la electricidad que le venden.
No fueron los únicos recursos que demandó la crisis energética: la petrolera estatal Enarsa requirió un 543% más de fondos para cumplir con las importaciones de gas desde Bolivia, mientras que al Ente Binacional Yacyretá se le giró un 356% más que durante los primeros seis meses del año anterior para compensar la cesión de electricidad por parte de Paraguay. Y el Programa Energía Total, impulsado desde la Casa Rosada para que la industria libere gas y lo reemplace por gasoil o fueloil demandó $ 203,1 millones, según ASAP, elaborado sobre la base de datos oficiales.
El secretario de Transporte, Ricardo Jaime, repartió $ 2658,2 millones, un 71% más que en 2007, pese a los aumentos en los boletos. El presidente de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca), Ricardo Echegaray, otorgó compensaciones por $ 922,9 millones. Según datos de la Oncca, los pagos fueron mayores: alcanzaron los $ 1627 millones. La diferencia se debe a que ASAP computa los pagos devengados de 2008 y la Oncca los efectivamente pagados este año, incluidos algunos de 2007.
Tres empresas públicas se repartieron el grueso de los $ 444,6 millones que aportó el Tesoro para financiarlas: AySA, la agencia de noticias Télam y el Sistema Nacional de Medios Públicos (Canal 7 y Radio Nacional). Una novedad: Lafsa, la aerolínea estatal que nunca voló ni tuvo un avión, no figura ya entre las principales beneficiadas, un lugar que supo ostentar pese a que el ministro de Planificación, Julio De Vido, aseguraba que no existía.
Economistas sostienen que todos estos subsidios oscilarán los $ 30.000 millones este año, el doble que en 2007 y una cifra equivalente al superávit fiscal primario (antes del pago de deuda) previsto en el presupuesto, del 3,15% del producto bruto (PBI). Hasta junio esta meta parecía aún lejana: según ASAP, el excedente fiscal se ubicó en el 2,7% del PBI en los 12 meses previos a julio último.