Qué estipula
Se trasladaron los incentivos fiscales previstos en la derogada Ley de Reactivación de la Marina Mercante (2000) a un nuevo capítulo de la Ley Orgánica de los Espacios Acuáticos, pero se eliminó un incentivo fiscal fundamental que es la exoneración de tasas aduanales para la traída de los buques, lo que, según el abogado experto en Derecho marítimo, Aurelio Fernández-Concheso, hace que el registro a Bandera venezolana de un buque sea extremadamente oneroso y "represente un serio peligro para el desarrollo de la marina mercante venezolana".

Se eliminaron la exenciones para yates y embarcaciones de recreo.
El Instituto Nacional de Espacios Acuáticos era el ente de políticas y gestión del sector acuático, ahora pasa a ser el Ministerio de Infraestructura el ente planificador de políticas, lo cual "va en contra del proceso de descentralización", dice Fernández-Concheso.
Los conceptos relacionados con el Derecho internacional, como mar territorial, zona contigua y zona económica exclusiva, entre otros, no sufrieron modificaciones.

¿Constitucional?
SÍ
Según el abogado Aurelio Fernández-Concheso -experto en Derecho marítimo- "salvo por el hecho de que no se consultó, no se perciben elementos de inconstitucionalidad" en el Decreto N° 6.126 con rango, valor y fuerza de Ley Orgánica de los Espacios Acuáticos.

Cómo afecta
La eliminación de la exención de tasas aduanales para la traída de buques la sentirá en su bolsillo el ciudadano, aunque no pueda verlo en forma directa. El abogado Fernández-Concheso señala que al menos 90% de los productos que se consumen en Venezuela, o sus insumos, vienen por vía marítima. "Buques más caros van a originar que por la vía del flete se incrementen los precios de los productos. Eso presiona sobre la inflación", señala. Agrega que "cuando la gente vaya al Puerto Libre de Margarita, creyendo que está comprando los productos libres de impuestos, en realidad estarán pagando un impuesto indirectamente, que es el del buque en el que viene la mercancía".
Los servicios públicos marítimos, como los ferries, no van a poder mejorar la calidad. Según el abogado, desde la promulgación de la Ley, traer un ferry a Venezuela cuesta aproximadamente 600 mil dólares más (el 1% de los 60 millones de dólares de su precio aproximado).
Habrá que esperar para evaluar las consecuencias de que sea el Minfra el que asuma directamente la planificación de políticas acuáticas, lo que estaba a cargo de un ente descentralizado.