Los intríngulis de la política, la parálisis por el escándalo Skanska y la burocracia tenían adormecida desde hace tres años la ampliación del gasoducto Centro-Oeste, en la variante que trae el combustible a Mendoza y San Juan.
El caño colapsó cuando se expandió la demanda industrial a partir de 2003: traía 6 millones de metros cúbicos por día, se generó un déficit diario de más de 1 millón de m3 y durante tres inviernos las cristaleras, cementeras y bodegas de Mendoza y la industria calera de San Juan, soportaron cortes en el suministro en medio de sus planes de expansión productiva.
Las legislaturas provinciales aprobaron, en el presupuesto 2005, 12 millones de pesos cada una para apurar la obra, presionadas por los cortes y el reclamo industrial. Pero la Nación no consiguió destrabar el fideicomiso (ella debía poner unos 50 millones) por las repercusiones del escándalo Skanska (nadie se animaba a poner el gancho). De Vido prometió a sus aliados K en la campaña mover su magna chequera.

Por el agua escasa.
El centenario tironeo de Mendoza y La Pampa por el agua escasa del Atuel (34 m3/s de módulo anual), se reactivaba de vez en cuando (sobre todo por los reclamos pampeanos, que han hecho de esto una causa y un tema folclórico).
En 1987, la Corte Suprema dictaminó que el río era interprovincial; que Mendoza tenía prioridad para regar 75.000 hectáreas cultivadas (por entonces regaba alrededor de 50.000 en San Rafael y Alvear), pero que en adelante el río debía ser administrado con políticas conjuntas.
Hubo tres o cuatro intentos de acordar formas para resolver el asunto: que Mendoza use el agua en el valle del sur, pero que La Pampa reciba un remanente para reactivar su desierto del noroeste, hoy un páramo.
Cobos (en realidad Carlos Santilli, subsecretario que batalló en la mesa de los pampeanos) no consiguió llegar a la firma del acuerdo. Y fue al archivo.
Después de las urnas, De Vido lo desenterró este verano: los proyectos anudan consensos entre los dos gobernadores del PJ (Jaque y Jorge) y junta en el Coirco los intereses de los otros gobernadores ribereños del gran Colorado (Buenos Aires, Río Negro, Neuquén, La Pampa y Mendoza).
Hay estrépito político: el comité no se veía las caras desde hace 14 años y hoy todos cinchan para la carpa K.

La política decide.
Después de las urnas vinieron los reacomodos políticos; la incendiaria disputa con el campo y las nuevas alianzas.
De Vido desempolvó el proyecto de ampliación del gasoducto (en realidad era la Nación la que estaba en falta en la gestión). Rápidamente armó el fideicomiso para construirlo y en casi tres meses -después de cuatro años de intentos- Jaque, Gioja y De Vido -ayudados por la TGN de Techint, que también anuda obras en el San Juan de Gioja- consiguieron que el caño del by-pass (unos 28 kilómetros) pase por debajo del río Desaguadero entre Beazley y La Dormida y amplíe la capacidad del ducto en 1,5 millón de m3 más.
Lo cierto es que al margen del condimento político, resuelve las angustias invernales de la industria de Cuyo (por 4 o 5 años, hasta que se pueda construir un gasoducto nuevo y más grueso).
La Nación puso los 50 millones convenidos y Mendoza y San Juan los restantes 23 millones, para que Cristina sonría y anude sus alianzas de los nuevos tiempos.
De Vido, además, le había prometido al pampeano Oscar Jorge y a Celso Jaque poner el dinero para resolver el diferendo por las escasas aguas del Atuel (una añeja cruzada pampeana reeditada en los afiches de campaña de 2007).
Sacó del freezer el acuerdo que en 2006 armaron los técnicos de una comisión interprovincial y algunos asesores del Coirco. Obligados por el dictamen de la Corte en 1987 -"el río es interprovincial y deben congeniarse políticas conjuntas para el río sureño"-, proponían financiar en conjunto, Nación y provincias, obras de revestimiento de la red de canales primarios y secundarios del riego del Atuel, aguas arriba (en San Rafael y Alvear).
Con el agua que se ahorrará -en el Sur sólo está impermeabilizada algo más del 15 o 20% de la red total de canales y en ellos se insume el 60% del agua destinada a riego-, extenderle una parte de ese remanente a La Pampa.
El acuerdo -para el que la Nación promete 310 millones de pesos y las provincias involucradas pondrán 100 millones cada una- incluye la construcción de un canal de 95 kilómetros entre Carmensa en Alvear y La Puntilla, en La Pampa, para conducir unos 5 o 6 m3/s permanentes hacia el noroeste pampeano. En el camino del tramo -árido, desértico, hoy en día- ambos se proponen alentar el desarrollo ganadero de cría, porque se extiende la frontera ganadera.
Gas, agua y porotos políticos. Es decir, con los 50 millones del gasoducto y otros 300 prometidos para las obras en el Atuel (4 o 5 años, dicen), De Vido pone a disposición de Cristina una herramienta política para nutrir su alianza con 6 gobiernos provinciales y satisface necesidades reales -nada menos que la demanda de energía y agua- para esta parte del centro-oeste.
El súper ministro, además, promete licitar en un par de meses la adjudicación de la línea de alta tensión Comahue-Cuyo, entre las generadoras hidroeléctricas y los conglomerados urbanos e industriales de Mendoza y San Juan.
Es que los K tienen una deuda con esa obra demorada: proyectada en el 2000, durmió porque en 2004 Néstor Kirchner, por decreto, desvió los fondos Salex, reservados para construirla, hacia el pago de deudas con la distribuidora Cammesa y proveedores varios.