La Convención aprobó el dictamen de las Comisiones de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable y Nuevos Derechos y Garantías. Formas de Participación Popular sobre medio ambiente. La votación del despacho se dio por unanimidad, tras más de seis horas de debate, que fue seguido de cerca por organizaciones ecologistas. Además, en el pleno de este viernes los constituyentes sancionaron los despachos relacionados con los órganos autónomos de control, los derechos humanos en tratados internacionales, el trato igualitario y la tutela judicial efectiva, el derecho a la identidad y la libertad de expresión.
Cambiando el orden de los temas a tratar, desde las 9 los constituyentes comenzaron con el tratamiento del dictamen referido al medio ambiente y terminaron la sesión minutos antes de las 19 en el Consejo General de Educación (CGE) de Paraná.
El presidente de la Convención Constituyente, Jorge Busti, abrió el debate sobre el primer tema y afirmó que el dictamen “homenajea a la sociedad entrerriana que ha estado adelante, como así también a las organizaciones no gubernamentales del medio ambiente”. En ese orden agregó que “ha habido una concientización del pueblo”, dado que se produjeron 63 proyectos sobre el tema.
También enumeró las movilizaciones del pueblo entrerriano y trajo a colación que “en 1982 los ciudadanos de Federación y Concordia advirtieron los peligros de la represa de Salto Grande” por la que “se inundaron 12 mil personas”.
“Toda esta experiencia movilizó en 1997 contra la construcción del proyecto Paraná Medio”, indicó Busti, por lo que “la sociedad empujó a la dirigencia política y se sancionó la ley anti represa, lo que fue una epopeya de las ONG”.
Otro hecho que añadió en este sentido, fue el que ocurrió en septiembre de 2005 cuando “se declaró a Entre Ríos libre de pasta de celulosa contaminante”. Al respecto comentó: “La vanguardia fue la sociedad civil”. A la par recordó que en “enero de 2006 se pidió al gobierno nacional que se presente ante La Haya por Botnia”; en abril de 2006 “se trató de impedir el financiamiento de estos emprendimientos”, y en marzo de 2007 “fue la sanción de la ley de la madera”. Por este racconto apuntó: “Estos hechos marcan la conciencia medio ambiental de la provincia, y es de avanzada en la República Argentina el texto logrado”.
A su turno, el presidente de la comisión de Producción, Luis Márquez (FJpV), explicó el proyecto, destacó que destacó la incorporación de un órgano constitucional para la política ambiental y remarcó que surgió de muchos expedientes, tanto de convencionales como de instituciones, que fueron tratados por más de cuatro meses.
Inclusive celebró la incorporación a la nueva Carta Magna de los derechos medioambientales y aseguró: “Vamos a ser mirados por el resto de las provincias, como así también por otros países como Uruguay, con quien mantenemos el conflicto por la instalación de Botnia”.
A lo largo de las largas horas de debate hablaron las convencionales Zulema Schoenfeld (FJpV) Griselda De Paoli (UCR), quienes valoraron la “conservación y desarrollo sustentable” que contempla el texto, se informó a ANALISIS DIGITAL, mediante un comunicado de prensa. Por su parte, la constituyente Marcela Haiek (CC-PS) subrayó el trabajo realizado y el consenso alcanzado y su par Martín Acevedo Miño (Recrear) coincidió en el avance que significa incluir esta cláusula en la nueva Constitución de Entre Ríos.
Luego, la convencional Silvina Cepeda (UCR) también realizó sus consideraciones y reconoció el despacho, como lo hizo su par Fernando Báez (FJpV). En tanto, el convencional Santiago Reggiardo (CC-PS) propuso una modificación en cuanto al uso de la tierra en grandes superficies y su par de bloque Adriana De la Cruz de Zabal (CC-PS) resaltó el aporte de las asociaciones de ambientalistas.
La convencional Flavia Pasqualini (VER) comentó puntos del despacho en minoría presentado y Darío Gianfelici (CC-PS) manifestó su postura a favor del dictamen. No obstante, el convencional Fabián Rogel (UCR) marcó dos disidencias en cuanto a la tenencia de la tierra y planteó: “Seremos Nación si manejamos nuestros recursos naturales”. Por último, el constituyente Raúl Barrandeguy (FJpV) cerró la ronda de oradores y aseveró que el dictamen “es una joya que hemos venido puliendo para ofrecerla a los entrerrianos”.
En la votación en general, por unanimidad se votó afirmativamente. Para el artículo 1°, también por unanimidad los convencionales votaron positivamente, el 2° artículo fue votado afirmativo por 41 convencionales. En el 3° punto, afirmativamente se expresaron 38 convencionales. En el artículo 4°, votaron afirmativamente 41 convencionales. En el 5°, fueron 42 votos positivos, y en el 6° 38. El artículo 7° fue avalado por 42 convencionales, en tanto el 8° por 43. El 9° artículo fue votado afirmativo por 32 convencionales, mientras que el 10° por 29 convencionales.

El texto aprobado
El ambiente es patrimonio común de todos los habitantes de la provincia, quienes gozan del derecho a vivir en un ambiente sano y equilibrado, apto para el desarrollo humano, donde las actividades humanas sean compatibles con el desarrollo sustentable, mejorando la calidad de vida y satisfaciendo las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras. Tienen asimismo el deber de preservarlo, resguardarlo y mejorarlo.
El Estado provincial fija la política ambiental y garantiza la aplicación de los principios de sustentabilidad, precaución, equidad intergeneracional, prevención, utilización racional, progresividad y responsabilidad, correspondiendo a los municipios dictar las normas pertinentes de acuerdo a sus competencias.
Asegura la preservación, recuperación y mejoramiento de los ecosistemas y sus corredores biológicos, promoviendo su gestión racional y sustentable. Garantiza la conservación de la diversidad biológica y la utilización sustentable de sus componentes, promueve la creación de bancos, de titularidad estatal, de reservas genéticas de especies. Prohíbe la introducción de especies exóticas perjudiciales.
En resguardo de la integridad ambiental promueve el consumo responsable, el uso de tecnologías y elementos no contaminantes y la utilización de las prácticas disponibles más avanzadas y seguras. Promueve una gestión integral y sustentable de los residuos orgánicos e inorgánicos, su eventual reutilización y reciclaje. Fomenta la incorporación de fuentes de energías renovables y limpias.

Establece medidas preventivas y precautorias del daño ambiental.
Un Ente de Ambiente y Desarrollo Sustentable tendrá a su cargo el diseño y aplicación de la política ambiental.
Son instrumentos de la política ambiental del Estado provincial: el desarrollo de un plan de gestión estratégico ambiental; la evaluación ambiental estratégica; el estudio y evaluación de impacto ambiental y acumulativo; el ordenamiento ambiental territorial; los indicadores de sustentabilidad; el libre acceso a la información socioambiental; la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones que afecten derechos ambientales y la educación ambiental en todos los niveles y modalidades de enseñanza, atendiendo principalmente a las culturas locales.
La ley determinará la creación de un fondo de recomposición ambiental, y estrategias de mitigación y adaptación vinculadas a las causas y efectos del cambio ambiental global.
El poder de policía en materia ambiental será de competencia concurrente entre la provincia y los municipios.

Recursos Naturales
Los recursos naturales existentes en el territorio provincial corresponden al dominio originario del estado entrerriano, que ejerce el control y potestad sobre los mismos a los fines de la preservación, conservación y defensa, pudiendo disponer de ellos mediante leyes que aseguren su uso racional y sustentable, y contemplen las necesidades locales.
La Provincia reivindica su derecho a obtener compensaciones del Estado Nacional por los ingresos que éste obtenga, directa o indirectamente, por el uso y aprovechamiento de los recursos naturales provinciales de dominio originario.

Áreas protegidas
El Estado provincial propicia la creación de áreas protegidas mediante la sanción de normas especiales que así las declaren, sobre la base de estudios técnicos. Asimismo, reconoce el derecho de los propietarios de áreas protegidas a recibir las compensaciones económicas y exenciones impositivas que le correspondan de acuerdo a las condiciones que por ley se establezcan.

Agua
El agua es un recurso natural, colectivo y esencial para la vida, la salud, y el desarrollo integral de las personas y la perdurabilidad de los ecosistemas. El acceso al agua saludable, potable y su saneamiento es un derecho humano fundamental e inalienable.
El servicio público de suministro de agua potable no podrá ser privatizado, a excepción de las cooperativas y consorcios vecinales que son prestadores del servicio en forma individual o conjunta con el Estado Provincial; los municipios en forma individual o conjunta; los entes estatales autárquicos y descentralizados; las empresas y sociedades del estado; los que deberán dar participación necesaria en la gestión a los usuarios.

Se garantiza a todos los habitantes la continua disponibilidad del recurso.
La Provincia concertará con las restantes jurisdicciones el uso y aprovechamiento de las cuencas hídricas comunes. Tendrá a su cargo la gestión y uso sustentable de las mismas, y de los sistemas de humedales, declarándolos libres de construcción de obras de infraestructura a gran escala que puedan interrumpir o degradar la libertad de sus aguas y el desarrollo natural de sus ecosistemas asociados

Bosque nativo
El Estado provincial tiene a su cargo la gestión sustentable de los bosques nativos y las selvas ribereñas del territorio provincial y garantiza su preservación, fomentando actividades que salvaguarden la estabilidad ecológica y preservación de las especies autóctonas. El propietario de bosques nativos tiene derecho a ser compensado por su preservación.

Suelo
El suelo es un recurso natural y permanente de trabajo, producción y desarrollo. Debe ser objeto de un aprovechamiento racional para el adecuado cumplimiento de su función social, ambiental y económica. El Estado debe garantizar la preservación y recuperación del suelo, procurar evitar la pérdida de fertilidad, su degradación y erosión, y regular el empleo de las tecnologías de aplicación.

Política de tierra
La Provincia promoverá la unidad económica productiva mediante leyes que contemplen el arraigo del productor entrerriano, el crecimiento y desarrollo progresivo de las actividades productivas locales y el estímulo de la tenencia de la tierra por los residentes de la provincia.
Conforme a ello, la legislación provincial y municipal desalentará la especulación y la existencia de latifundios, el uso de la tierra en grandes superficies continuas o discontinuas, y el bienestar de los entrerrianos, mediante regímenes tributarios, alícuotas progresivas y otras políticas activas.
Asimismo, se preservará el orden público provincial en relación con la adquisición de inmuebles rurales por personas físicas o jurídicas extranjeras no residentes en el territorio nacional.

Derechos humanos en tratados internacionales
Los derechos humanos en tratados internacionales fue el siguiente tema que abordó el plenario. En primer lugar, Fernando Báez fundó el proyecto apelando a la doctrina y tratados internacionales. Luego el convencional Luis Brasesco (UCR) usó abundante enciclopedia y un profundo recuerdo a los militantes que buscaron la defensa de estos derechos. A estas palabras adhirió, desde una perspectiva socialista, su par Carlos Claro Díaz y finalmente la constituyente Rosario Romero dijo que "de la brutal dictadura surge el derecho positivo", por lo cual entendió que es necesaria su sanción por la lógica adecuación del derecho internacional poniéndolas en valor.
Por su parte, Hermo Pesuto felicitó el texto y destacó su profundidad; Augusto Alasino (VER) ofertó rescatar la memoria y Raúl Barrandeguy aceptó esa propuesta.
El dictamen aprobado establece que “la dignidad de la persona, los derechos inalienables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son el fundamento del orden político y de la paz social. Los derechos humanos y las garantías establecidas expresa o implícitamente en esta Constitución, la Constitución Nacional y los Tratados, Pactos y Convenciones Internacionales ratificados por la República Argentina tienen plena operatividad sin que su ejercicio pueda ser menoscabado por ausencia o insuficiencia de reglamentación y se interpretan de acuerdo a la Declaración Universal de Derechos Humanos. El Estado garantiza el rescate de la memoria".

Tutela judicial
"La provincia de Entre Ríos garantiza la igualdad de sus habitantes ante la ley. No podrán ser fundamento de privilegio jurídico: la naturaleza, la filiación, el sexo, la clase social, la riqueza, las ideas políticas, la condición cultural, ni las creencias religiosas o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Esta Constitución afirma el derecho a la diversidad, el pluralismo y la igualdad de oportunidades”, instituye el texto vinculado sobre tutela judicial aprobado también en este pleno número 22.
“El Estado provincial asegura la tutela judicial continua y efectiva, el acceso irrestricto a la justicia, la gratuidad de los trámites a quienes carezcan de recursos suficientes y la inviolabilidad de la defensa de la persona y de los derechos en todo procedimiento administrativo o proceso judicial. El principio de legalidad y la interdicción de la arbitrariedad deben regir los actos de los Poderes Públicos. Los actos de autoridad, las sentencias judiciales y los actos administrativos serán motivados, fundados suficientemente y decididos en tiempo razonable. El retardo en dictar sentencia y las dilaciones indebidas cuando sean reiteradas, constituyen falta grave", precisa además.
Sobre este tema, Martín Acevedo Miño opinó que “esta letra cierra el círculo junto con el amparo por mora” y con esta postura coincidió Juan Carlos Arralde (UCR). También Américo Schwartzman y Flavia Pasqualini se pronunciaron al respecto y Raúl Barrandeguy cerró el tema con una modificación que propuso Arralde, por lo cual esto ocurrirá en Redacción.

Derecho a la identidad
"El Estado provincial reconoce y garantiza el derecho a la identidad personal. Arbitrará las medidas necesarias para la correcta e inmediata identificación de cada una de las personas. No podrá negarse ningún servicio urgente en razón de la falta de identidad del peticionante”, refleja el texto sancionado en el debate.
En su intervención, Marcela Haiek defendió este despacho y aseveró que con su sanción “se permite contribuir a la identidad de los entrerrianos". Mientras en el polo opuesto, que Acevedo Miño explicó las razones de su disidencia. Alasino, por su parte, tildó como “bueno que la Constitución repita letra de la nacional”, y valoró que ello “no se reduzca sólo a la niñez”.
Finalmente, el bloque de la UCR, aunque tenía disidencias, las abandonó ante la modificación que finalmente tuvo el texto.

Libertad de expresión
El pleno sancionó a su vez el texto relacionado con la libertad de expresión, que establece que “el Estado garantiza a los habitantes la libertad de opinión y el derecho de información, el pluralismo y respeto a las culturas, las creencias, las corrientes de pensamiento y de opinión en todos los medios de comunicación social".
En ese orden, Pesuto subrayó que “es uno de los derechos que permite que el hombre no esté condenado a la opresión”, y que por esa razón “es uno de los derechos más atacados”. En seguida, Américo Schwartzman resumió sus expresiones a raíz de las horas que llevaba el debate y valoró el trabajo en comisión, al tiempo que añadió que "la libertad es libertad de disentir".

Órganos de control
En referencia a los órganos de control, Federik recordó que fue necesario retirar el dictamen que se había logrado habida cuenta de que no era apropiado que en su elección interviniera el Consejo de la Magistratura. Y luego de un intercambio de opiniones, se aceptó una modificación por la que se incorpora entre los miembros un representante del Poder Ejecutivo y fue aceptado por 35 votos.
En último lugar, se votaron en bloque los dictámenes de Peticiones, por las que se reconoce la labor de empelados asesores y colaboradores de la Convención; se incorpora un párrafo al plazo para presentar proyectos y se propone la transferencia de material histórico de la Constituyente al Museo Histórico Martiniano Leguizamón y al Archivo General de la provincia.
También quedó aprobada la creación de un apartado en la página web institucional en la que consten datos personales y profesionales de los convencionales y que piden, siga funcionando aún una vez culminada la labor constituyente. Y, al cierre, un pedido al gobernador de la provincia, Sergio Urribarri, para que se publique la Constitución reformada para ser distribuida en establecimientos educativos y bibliotecas de la provincia.