El Diputado Nacional José Vilariño confirmó que se está estudiando la forma de frenar las excavaciones para extraer agua en la zona de Socompa, Caipe, Llullaillaco y Río Grande, cercanas a los salares de la Puna a fin de estudiar los detalles del contrato firmado por la administración anterior.
En octubre de 2007 la Comisión Regional de Medio Ambiente de Antofagasta en Chile rechazó el proyecto Pampa Colorada, que preveía la perforación de 35 nuevos pozos de agua dulce en el norte chileno. El objetivo era cubrir las necesidades del emprendimiento minero La Escondida, primer productor de cobre del mundo. Como el agua es un recurso imprescindible para el proceso que permite extraer el cobre de los minerales que lo contienen, la empresa BHP Billiton, dueña de La Escondida, continuó en la búsqueda del bien preciado. Se encontró con un estudio de factibilidad técnica y económica que había realizado en 2000 un grupo de empresas argentinas sobre la posible explotación y distribución de agua para proyectos mineros, desde la provincia de Salta a la denominada II Región de Chile. Una de estas empresas, Servicios Hidrológicos y Mineros Internacionales, pidió al Ministerio de Desarrollo Económico de Salta acceder al área de exploración. La respuesta del de entonces Gobierno de Romero fue positiva. Tras la firma del contrato, las perforaciones se pusieron en marcha a fines del año pasado.
El agua es un recurso natural renovable en peligro de agotamiento. Muchas comunidades del país ya tienen un limitadísimo acceso a ella, como quienes viven en la reseca Puna salteña. Sin embargo, de su subsuelo podrían partir miles de litros de agua entubada directo a Chile, donde los emprendimientos mineros a cielo abierto la necesitan para continuar con uno de los negocios más rentables del momento. La actual administración de Juan Manuel Urtubey también estudia las alternativas legales para evitar que avance la operación. Las actuaciones están siendo analizadas por la Unidad de Revisión de Contratos del Estado (Unirem), el organismo provincial que tendrá la decisión final de la continuidad del proyecto.
Por su parte, Vilariño confirmó que va a buscar todos los caminos legales posibles para detener las excavaciones. "El agua es un recurso muy importante para la zona de la Puna; no estamos dispuestos a permitir que continúen las excavaciones sin antes estudiar el contrato firmado por la administración anterior" – destacó el legislador nacional. "El recurso hídrico es estratégico, es un bien público y pertenece a la provincia. Esta etapa de exploración es una herencia que recibimos. Ahora debemos controlar e intentar que el proyecto no continúe" finalizó Vilariño.