El presidente del directorio de Termas de María Grande, Darío Moine, se refirió a las instancias que agudizaron las controversias por el funcionamiento del complejo inaugurado en 2001.
“Dentro del Estado provincial deberán resolver cuestiones internas, principalmente entre el secretario de Medio Ambiente y el presidente del Ente Regulador de Recursos Termales de Entre Ríos, sobre la jurisdicción y la fidelidad al Gobierno”, comenzó advirtiendo el presidente de la sociedad Termas de María Grande, Darío Moine; quien pretendió explicarle a EL DIARIO los hechos acontecidos en el marco de la suspensión para la extracción de agua termal, dispuesta por la Provincia hace una semana. “La medida nunca se hizo efectiva -alertó-, jamás nos notificaron sobre la prohibición de extraer el agua; de todas maneras la amplia difusión nos generó un enorme perjuicio y esperamos que no se repita”, esgrimió luego.
En diálogo con esta Hoja, el empresario -que está al frente del directorio desde el 7 de marzo de 2007- calificó a la determinación “intempestiva, arbitraria y alejada de procedimiento”. Opinión que sustentó en su relato acerca de las diversas medidas que vienen llevando a cabo para construir el pozo de reinyección exigido, “pasos que estamos dando desde hace nueves meses y de las que el Gobierno está al tanto, por lo que nunca entendimos el anuncio del martes pasado”, agregó.

PASO A PASO. “Al igual que el resto de los centros termales de agua salada, acarreamos con el karma de la eliminación del líquido y eso lo hemos afrontado”, puntualizó Moine. En consonancia con ello precisó que esta situación se originó en octubre de 2007, “cuando le comunicamos al Ente Regulador de los Recursos Termales de Entre Ríos (Errter), que teníamos un problema que no lo podía subsanar la empresa constructora del pozo de reinyección, por lo tanto solicitamos permiso para realizar uno nuevo -que estimábamos que no podíamos comenzarlo antes de tres meses-, y aplicar un plan de contingencia a través de la dilución de los efluentes salados con agua dulce”, narró.
De acuerdo a lo descripto por el accionista, el Errter les impuso una serie de condiciones, “que hasta el martes veníamos cumpliendo normalmente”.
Puntualmente, les solicitaron limitar el uso del agua salada y pasar un informe mensual de la cantidad de líquido extraído, más un análisis semanal de los efluentes (los arroyos) en dos puntos determinados por el Ente; los resultados debían remitirlos al Errter, salvo por circunstancias excepcionales (como una lluvia de 48 ó 72 horas antes).
“En mayo de este año, en pleno paro agropecuario, recibimos un fax del Errter solicitando que oficiemos un cronograma de obra para el pozo de reinyección. Ellos sabían que estábamos en la tramitación de un préstamo para encarar los trabajos”, subrayó. “Les contestamos que estábamos sobre la resolución del financiamiento y cuando lo tuviésemos asegurado comenzaríamos a buscar una empresa para luego determinar los plazos de la obra. Esta explicación nunca fue contestada”, garantizó Moine.
“Cuando surgió en los medios que el Errter le pedía a la secretaría de Medio Ambiente una auditoría ambiental no nos pareció extraño, ya que hacía nueves meses que estábamos con el sistema de dilución”.

FECHAS Y PEDIDOS. Darío Moine sostiene que el viernes 1º de agosto le comunicaron al presidente del Errter, Hugo Cettour, que habían contratado a una empresa a fines de junio, “pero nos encontrábamos como escollo que la mayoría de las firmas con capacidad de excavación superior a los 300 metros tenían un atraso en el compromiso de trabajo de más de 90 días, como consecuencia de la falta de gas oil”.
Con esta explicación, el Errter le requirió un plan de mitigación ambiental que debían presentar el miércoles 6 de agosto. “Por eso nos sorprendió tanto que el martes 5, tras una reunión del ministro de Gobierno con el secretario de Medio Ambiente y el presidente del Errter, anunciaran que revocaban el permiso de uso del agua termal hasta presentar el plan de mitigación, que ya lo teníamos listo para remitir”, enfatizó Moine. Al tiempo que amplió: “El miércoles 6 enviamos el plan solicitado y el jueves 7 de agosto el Errter revocó la medida y marcó algunas limitaciones al plan de mitigación”.

FUERTE CRÍTICA. Después de todo lo expuesto, Moine intentó encontrar una “explicación lógica” a todo lo acontecido, destacando que desde el directorio del complejo termal prefirieron mantener un perfil bajo, para evitar polémicas mediáticas. No obstante, los acontecimientos y declaraciones superaron esa decisión: “A nosotros lo que nos cabe es que la próxima vez que escuchemos un rumor de clausura vamos a acudir a la Justicia con una medida cautelar, para evitar sorpresas como estas; porque no podemos explicarle a un accionista que un funcionario provincial de alto rango confesó en privado que el problema fue que el secretario de Medio Ambiente -Fernando Raffo- tuvo una actitud de infidelidad hacia el Gobierno”, denunció.
“Aseguran que el Secretario instigó a asociaciones ambientales ha instalar el tema en la opinión pública, lo que terminó en un acotamiento de la autonomía de acción del Ente Regulador de Recursos Termales de Entre Ríos”, concluyó.