La oposición mira con desconfianza el acuerdo que el gobernador Celso Jaque ha firmado con La Pampa para ceder parte de las aguas del río Atuel.
“El gobernador pretende entregar nada menos que agua a cambio de obras. Es un muy mal negocio. El agua es la base del crecimiento de una provincia surgida en medio del desierto”, es el primer análisis que resume la oposición desde que se conocieron algunos detalles sobre el acta acuerdo.
Por esta razón, ha pedido que sea citado a la Legislatura el superintendente general de Irrigación, José Frigerio, para que explique los alcances del proyecto. La Comisión de Obras del Senado lo espera el miércoles a la mañana.
En la tarde de ayer, el ministro de Infraestructura, Francisco Pérez, salió a explicar en conferencia de prensa de qué se trata este convenio. En la reunión hubo críticas a la oposición por opinar sobre el asunto sin conocerlo en detalle.
De todas maneras, el oficialismo tendrá un respiro porque por lo menos hasta dentro de diez o 15 días el proyecto de ley no entrará a la Legislatura. Ni siquiera está claro por cuál de las cámaras entrará.
El acuerdo firmado el jueves por Mendoza y La Pampa durante la visita de la presidenta Cristina Fernández, con la presencia de los gobernadores que integran el Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (COIRCO) –incluye a Mendoza, Río Negro, La Pampa, Neuquén y Buenos Aires–, establece una inversión de $620 millones para la concreción de obras hídricas que permitirán un mejor aprovechamiento de las aguas del Atuel. Así, Mendoza se compromete a ceder parte de sus aguas a La Pampa, pero si se cumplen ciertos ítem que establece el acta.
Según el acuerdo, la Nación pondrá $319 millones; La Pampa, $204 millones y Mendoza, $105 millones. Las obras a las que se alude son el revestimiento de canales de riego en la zona de General Alvear, la construcción del canal que llevará el agua hasta La Pampa y el revestimiento del cuarto tramo del canal marginal del Atuel.
Éstas mejorarán la eficiencia del agua, de manera que el mejor aprovechamiento permitirá que parte del agua del Atuel llegue a La Pampa.
Para el oficialismo, el acuerdo pone fin a un litigio histórico que lleva décadas entre Mendoza y La Pampa. El presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Tanús, sostuvo que “Mendoza se beneficiará porque va a descomprimir una situación jurídica complicada entre los gobiernos de ambas provincias. Hay más de 20 reclamos que por diversos aspectos y en distintas épocas ha hecho La Pampa. Además, Mendoza consigue financiamiento para obras hídricas importantes para el Sur”.
Sin embargo, la oposición considera que Mendoza corre con todas las desventajas. El senador alvearense Walter Sáenz sostuvo: “El acuerdo es desventajoso, porque se cede el agua a cambio de nada y la Provincia tiene que poner $100 millones”.

Vino con ella
-El acuerdo con La Pampa por las aguas del Atuel se conoció durante la reciente visita de Cristina de Kirchner a Mendoza.

-Para muchos, incluso del oficialismo, fue una sorpresa, que cayó mal por la falta de anuncio.

-El Gobierno pidió a opositores que analicen el plan antes de hablar.

El objetivo pampeano
Los litigios por el aprovechamiento del agua del río Atuel se remontan a varias décadas. El uso de ese cauce dio surgimiento hace más de un siglo a la explotación agrícola en General Alvear, primero en forma libre y, luego de la creación de los Nihuiles, de manera regulada.
Desde la década del ’40, cuando lo que actualmente es La Pampa se llamaba Territorio Nacional Eva Perón, parte de las aguas del Atuel se infiltraban en lagunas pampeanas que aportaban al caudal del Colorado.
En los ’70, cuando Alvear tenía 80.000 hectáreas bajo riego, La Pampa llevó el caso a la Corte Suprema de Justicia, que falló a favor de Mendoza, reconociendo los derechos de agua sobre las 75.000 hectáreas bajo riego. Los fundamentos aclaran que no se puede destruir una riqueza ya creada y que, garantizada la provisión de agua para esas hectáreas, las provincias deberán ponerse de acuerdo en cómo usar el excedente.
Es éste el punto de donde se agarran los pampeanos para seguir reclamando. Entienden que si se aumenta la eficiencia en el uso, el agua podrá alcanzar también para ellos. Está probado que la eficiencia del Atuel es del 32porciento, es decir, sólo ese porcentaje del agua que tiene en su naciente efectivamente se usa para el riego y el resto se infiltra. Por eso, sostienen que mejorando la conducción, distribución y aplicación del sistema se podrá aprovechar más agua. Para eso se gestó el plan de impermeabilización.

Para el Gobierno, cuestionan sin conocer
El Gobierno local asegura que las obras que se prevén realizar a partir del acuerdo firmado por Mendoza, La Pampa y la Nación, para revestir con canales parte de las aguas del Atuel, evitarán que éstas se infiltren como en la actualidad.
Así, habrá un incremento y un ahorro en el caudal, en principio de 10 metros cúbicos, que es lo que hoy se pierde. Pero con la impermeabilización podría ser superior. Eso es lo que el convenio establece compartir en partes iguales entre ambas provincias, pero siempre y cuando sea que haya oferta hídrica y se registre un excedente en el caudal. Si no, la prioridad la tendrá Mendoza.
La división de ese recurso, que es interprovincial, comenzará una vez terminadas las obras. Esto sería dentro de cuatro años (ése es el plazo de ejecución). Pero, para la concreción, Mendoza y La Pampa necesitan la ratificación legislativa de los decretos de sus respectivos gobernadores. En el caso de nuestra provincia, ese documento ingresará a la Legislatura luego de que el Departamento General de Irrigación haga un estudio que definirá qué obras son prioritarias.
Así lo aclaró ayer a la tarde el ministro de Infraestructura, Francisco Pérez, quien salió a explicar los alcances del acta firmada, ante la ola de críticas que se levantaron en la oposición y en regantes del Sur local. Estuvo acompañado por su subsecretario de Obras Públicas, Mariano Pombo, y Luis Ruzo y Carlos Bianchinelli, presidentes de los bloques de senadores y diputados del PJ respectivamente.
El ministro se mostró sorprendido por las voces en contra, ya que el proyecto fue iniciado por gestiones anteriores. Dijo que “ya había sido socializado” y que lo que hizo este gobierno fue “tomar la posta” y mejorar el acuerdo, al incluir la relocalización de Portezuelo del Viento.
Pese a esto, Bianchinelli disparó: “Abrir juicio de valor sin conocerlo (el proyecto) es irresponsable. Se está buscando poner piedras en el camino. Pero vamos a defender este acuerdo y a conseguir el consenso”.