En algo están todos de acuerdo: los glaciares están en la indefensión, pues el concepto "glaciar" ni siquiera aparece en la legislación chilena. Los efectos del calentamiento global, las intervenciones de algunos sectores económicos -particularmente el minero- y la disputa por el recurso agua entre distintos sectores productivos y algunos poblados hacen urgente y necesario crear una instancia de resguardo. El punto de discordia es cómo hacerlo.
"El Estudio de Impacto Ambiental será el que determine caso a caso si se puede realizar un proyecto cercano a un glaciar. En algunos casos lo impedirá y en otros lo permitirá. Para eso no necesitamos una ley, con la política nacional basta", dice el subsecretario de Obras Públicas, Juan Eduardo Saldivia, al exponer la postura oficialista, que no es compartida en el Congreso.
El Consejo de Ministros de Medio Ambiente ya aprobó una modificación al reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) para ese efecto, lo que para Saldivia es incluso más importante que la misma política, que será aprobada por el mismo Consejo en los próximos días.
La innovación en el SIEA instruye que todos los proyectos que pretendan intervenir glaciares o lugares cercanos a ellos deben pasar por el SEIA antes de iniciar cualquier obra. Esto, junto al trabajo que está realizando la Unidad de Glaciología y Nieves (UGN), formada el 30 de abril de este año, son los dos impulsos que el Ejecutivo ha promovido para la protección de los glaciares.
Sólo para este año el MOP destinó 625 millones de dólares para el trabajo de la UGN, especialmente para las estaciones meteorológicas y fluviométricas de la red de monitoreo.
Actualmente, Chile tiene más de 20.000 km2 de glaciares, los que en su mayoría se ubican en Campos de Hielo Norte y Sur y que han retrocedido varios kilómetros. De los glaciares de roca, poco y nada de sabe.

Ley sale del congelador
La postura del Ejecutivo no es bien recibida en el Senado. Es más, Antonio Horvath (RN) -autor del proyecto de ley que luego fue complementado por un trabajo conjunto de la Sociedad Nacional de Agricultura, Chile Sustentable y el Instituto Geográfico Militar- dice que lo único que falta al documento son las indicaciones de Obras Públicas y de la Comisión Nacional del Medio Ambiente (Conama). "Estábamos esperando, de buena fe, que hicieran las indicaciones al proyecto. Pero no los vamos a esperar eternamente. Es una lástima que se resten", dice. "Algunos artículos requieren patrocinio gubernamental y vamos a seguir conversando con el Gobierno", comenta, por su parte, Alejando Navarro (PS). "Chile debe liderar el ámbito mundial de protección a glaciares por los recursos con los que cuenta", agrega.
Horvath afirma que en el Parlamento están lejos de desistir con la idea de legislar. Argumenta que un Estudio de Impacto Ambiental para evaluar la intervención a glaciares sólo se puede hacer mediante una ley y que no basta con una política a nivel administrativa. "Como parlamentarios, vamos a sacar la ley adelante. El proyecto está aprobado en general en el Senado y podríamos tener ley a fin de año. Tenemos el apoyo del sector agrícola, ambientalista y científico, porque lo trabajamos con el CECS (Centro de Estudios Científicos)".
El proyecto de ley contempla lo señalado por el Ejecutivo, pero además incorpora toda una institucionalidad alrededor de los masas de hielo, como un Consejo Nacional de Glaciares con facultades fiscalizadoras. "Es lamentable que el Gobierno sea tan blando ante la presión de las mineras. Esa presión se tiene que manifestar en el Parlamento, no en el Gobierno, porque ese sector tiene una Comisión de Minería", apunta Horvath. "El desarrollo minero va a generar roces, pero el Parlamento es el lugar para discutir esos puntos. Para las empresas mineras es una mala señal no tener las reglas del juego claras y un daño a su imagen que aparezcan interviniendo glaciares así como así", concluye Navarro.



Gino Casassa: “Podemos llegar a un uso sustentable del recurso”
Gino Casassa, doctor en glaciología e investigador del Centro de Estudios Científicos sostiene que para proteger los glaciares el Estudio de Impacto Ambiental es la fórmula. “Ahora, si hay una normativa que no acepta intervenciones que destruyen un glaciar, también me parece razonable. Pero cualquier tipo de legislación tiene que ser suficientemente amplia para que nos permita hacer cierto tipo de actividades, ya sea con fines científicos, turísticos y recreacionales, y también cierta explotación del recurso agua”.
Ello, sostiene el glaciólogo, porque los recursos hídricos en Chile se van a ver reducidos al largo plazo “y eso va a tener un impacto económico muy relevante”.
-¿Hay distintos intereses sobre ese tema?
-Absolutamente. En lo personal, creo que podemos llegar a un uso sustentable de los recursos asociados a los glaciares, pero va a requerir un consenso porque hay muchos intereses, como en todo.