La Corte Suprema rechazó un pedido de la secretaria de Ambiente de la Nación, Romina Picolotti, para flexibilizar los plazos que fueron fijados el mes pasado por el propio tribunal para la limpieza del Riachuelo. En una breve resolución adoptada por unanimidad, la Corte dijo que su decisión fue "suficientemente clara", por lo que no encontró motivos para modificarla.
El último 8 de julio el tribunal puso fechas para que los Estados nacional, bonaerense y porteño cumplan las distintas etapas de plan para limpiar el Riachuelo.
Como secretaria de Ambiente de la Nación, Picolotti ejerce la presidencia de la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR) y deberá responder con sus ingresos personales si no son cumplidos los plazos que la Corte fijó para el plan.
El primer vencimiento que tiene por delante la ACUMAR es el 5 del mes próximo. Ese día debe presentar un informe de la calidad del agua (tanto superficial como subterránea) y del aire en la zona. También tiene que entregar un resumen en el que consten los resultados de las inspecciones a todas las industrias de la cuenca, muchas cuestionadas por la falta de tratamiento de sus efluentes. Por último debe exhibir constancias de la puesta en marcha de un sistema de información ambiental, que sirva para que todos los ciudadanos puedan seguir los avances del plan.
Pero la Corte no se quedó con eso, sino que ordenó que quince días antes de esa fecha se presente un resumen que indique cómo va el trabajo que se está realizando justamente para la presentación.
Toda esa documentación debe ser presentada ante el juez federal de Quilmes Luis Armella, quien fue designado por la Corte para ejecutar el plan.
En una audiencia que el juez Armella realizó el 23 de julio, Picolotti había dicho que era imposible cumplir con los plazos e informó, por ejemplo, que recién se está realizando la licitación para comprar los aparatos que sirven para medir la calidad del aire.
Armella tiene previsto recibir hoy al Defensor del Pueblo, Eduardo Mondino, y a varias organizaciones no gubernamentales que son parte en la causa.

Control por varias ONG
Ayer fue presentado el cuerpo colegiado que controlará la ejecución del plan de saneamiento del Riachuelo, que funcionará en el ámbito de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Las Asociación Vecinos de La Boca, la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y Greenpeace, son las ONG participantes.
El defensor del Pueblo, Eduardo Mondino, dijo que el cuerpo realizará inspecciones sorpresivas, recibirá denuncias, constatará el avance de las obras y mantendrá informado al juez federal de Quilmes. Es la primera vez que se forma un cuerpo de estas características para vigilar el cumplimiento de una sentencia.

Paso a paso
1 En julio de 2004 un grupo de vecinos de Dock Sud y La Boca, damnificados por la contaminación del Riachuelo, pidieron a la Justicia que ordene su saneamiento.
2 En setiembre de 2006, en una sentencia considerada histórica, la Corte Suprema hizo valer el artículo constitucional que establece que los ciudadanos tienen derecho a un ambiente sano y ordenó a los Estados nacional, bonaerense y porteño que limpien el Riachuelo.
3 La secretaria de Ambiente de la Nación, Romina Picolotti, presentó un plan de saneamiento que el año pasado fue cuestionado por un grupo de expertos de la Universidad de Buenos Aires a quienes la Corte les pidió una opinión. En el dictamen se indicó que el plan de Picolotti, en lugar de mejorar la situación, podría empeorarla.
4 Luego de varias audiencias públicas, el mes pasado la Corte fijó plazos para que se cumplan distintos objetivos.
5 En 30 días la Autoridad de Cuenca (ACUMAR) deberá presentar sus primeros informes sobre calidad del agua y del aire y acerca de las industrias contaminantes.
6 En 90 días deberá estar listo un mapa de la población en riesgo de contraer enfermedades.
7 En 180 días tendrá que presentarse un plan para clausurar los basurales, a ejecutarse en un año.