(DyN) - El cuerpo colegiado encargado de controlar la aplicación del plan de saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo quedó ayer subdividido "de manera informal" en grupos de trabajo con misiones, para cumplir el rol encomendado por la Corte Suprema de Justicia, informaron sus integrantes.
Los voceros dijeron a DyN que la "distribución formal" de las funciones y el inicio del monitoreo fue pospuesto para el viernes, porque mantendrán mañana una reunión con el juez de ejecución de la sentencia del máximo tribunal, Luis Armella.
De esta manera, el defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, y representantes de agrupaciones ambientalistas, coordinaron ayer la forma de controlar el programa que deberán implementar los Estados nacional, bonaerense y porteño, que integran la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR).
La ACUMAR está compuesta por ocho miembros, entre ellos la secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Romina Picolotti, quien ejerce la presidencia. Los restantes integrantes son tres representantes del Poder Ejecutivo nacional, dos de la provincia de Buenos Aires y otros dos
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Mondino, por su parte, ratificó ayer en un comunicado que cumplió así con lo estipulado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que le encargó la organización de un cuerpo colegiado para monitorear las tareas de los Estados nacional, bonaerense y porteño.
Asistieron a la reunión, que comenzó a las 15 en Suipacha 365, representantes de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y el Centro de Estudios Legales y Sociales(CELS).
Concurrieron también miembros de la Asociación de Vecinos La Boca, Greenpeace Argentina y la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos.
Las tareas de purificación implican la concreción de todas las acciones previstas en el Plan Integral de Saneamiento, presentado por la ACUMAR en la Corte Suprema de Justicia. Entre otras, el tratamiento de residuos industriales, el retiro de basurales a cielo abierto, la aplicación de un programa sanitario, la construcción de redes cloacales y la provisión de agua potable.
En cumplimiento del fallo de la Corte del 8 de julio, que exigió a la ACUMAR la purificación de la Cuenca, mantuvieron un encuentro el 23 de julio el juez Armella y el presidente de la Auditoría General de la Nación, Leandro Despuy.
Asistieron también Picolotti, Mondino y representantes de agrupaciones ambientalistas. La secretaria de Ambiente solicitó la prórroga de plazos en la ejecución del Plan Integral de Saneamiento impuesto por la Corte y el magistrado respondió que carecía de facultades como para cumplir con la petición.
La funcionaria, según el fallo del máximo tribunal, será quien deberá responder con su patrimonio si ACUMAR incumple con la inspección de industrias, la eliminación de basurales a cielo abierto y la concreción de las obras de saneamiento en plazos que van de 30 días a 5 años, según el caso.
El primer plazo vence el 5 de septiembre, para cuando deberá presentarse el inventario de industrias radicadas en la Cuenca y muestras de calidad de aire, de agua y de suelo.
Respecto de los avances de las acciones y de las obras, quedó establecido que serán comunicadas al tribunal de Quilmes, en el que se desempeña Armella, y serán difundidas luego a las partes 15 días antes de hacerse públicas.
La Corte, el 20 de junio de 2006, se declaró competente para intervenir en la causa "Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/ Estado Nacional y otros s/ daños y perjuicios (daños derivados de la contaminación ambiental del río Matanza - Riachuelo)".
Sin embargo, dijo ser incompetente para proseguir el proceso por los daños individuales de cada uno de los vecinos afectados, a los que recomendó concurrir a jueces de sus respectivos lugares de orígenes para reclamar sendas indemnizaciones.

Foto: Archivo Programa Infoambiente