La Corte Suprema de Justicia rechazó un pedido de la Autoridad de Cuenca y ratificó la responsabilidad del Estado y de la empresa privada Danone Argentina S.A. en la limpieza del Riachuelo. En su solicitud, el órgano integrado por funcionarios nacionales, provinciales y de la ciudad de Buenos Aires y presidido por Romina Picolotti había reclamando al máximo tribunal nacional la revisión de “la sustancia de la decisión sobre la responsabilidad asignada”. Sin embargo, los ministros de la Corte argumentaron que “la orden es suficientemente clara y no ha incurrido en errores materiales ni omisiones, por lo que no es admisible la intervención requerida”.
En su fallo, emitido el 8 de julio pasado, la Corte intimó a las autoridades de los tres niveles a diseñar y poner en marcha un plan de saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo. Además, fijó multas para la Autoridad de Cuenca en caso de un eventual incumplimiento de los plazos.
Alrededor de esa determinación giró el pedido del organismo, desestimado ayer por el máximo tribunal. “Las sentencias definitivas e interlocutorias no son susceptibles de ser modificadas por la vía intentada sin que se presenten en el caso circunstancias estrictamente excepcionales que autoricen a apartarse de tal principio”, se pronunciaron de forma unánime los siete integrantes de la Corte.
De la misma manera, también echaron por tierra la intención de la compañía afectada por el fallo original de ser excluida de la condena.

Fallo controlado por las ONG
Un conjunto de ONG integrará el Cuerpo Colegiado –coordinado por el defensor del Pueblo, Eduardo Mondino– que estará encargado de controlar que se cumplan los plazos de las distintas tareas que conforman el Plan de Saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo. El diseño y aplicación del proyecto fue ordenado por la Corte Suprema a los estados nacional, provincial y porteño, el 8 de julio. El Cuerpo Colegiado, conformado por Greenpeace y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), entre otras, será una de las tres aristas del sistema de control de la ejecución de las obras, junto al juzgado con asiento en Quilmes y la Auditoría General de la Nación. Mondino destacó que su rol será “garantizar la participación, controlar e informar públicamente”.