La Corte Suprema de Justicia ratificó la responsabilidad del Estado y de una empresa en el marco de la causa por la contaminación del Riachuelo, en la que el Máximo Tribunal había requerido a las autoridades nacionales, de la ciudad y provinciales, la limpieza del mismo, y fijó multas para la Autoridad de Cuenca en caso de un eventual incumplimiento.
De esta forma, los ministros denegaron el pedido de la Autoridad de Cuenca, órgano que preside la secretaria de Ambiente, Romina Picolotti y el planteo de una de las empresas codemandadas, Danone Argentina S.A., la cual solicitó que se la excluya de la condena.
En uno de los pronunciamientos sobre la cuestión, se destacó que “la decisión del Tribunal es suficientemente clara y no ha incurrido en errores materiales ni omisiones, por lo que no es admisible la intervención requerida con el alcance que prevén los arts. 36, inc. 6, y 166, inc. 2, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.”
Respecto al planteo de la agencia estatal, se señaló que “es igualmente inadmisible en cuanto pretende revisar la sustancia de la decisión sobre la responsabilidad asignada a la Presidenta de la Autoridad de Cuenca, pues las sentencias definitivas e interlocutorias no son susceptibles de ser modificadas por la vía intentada, sin que se presenten en el caso circunstancias estrictamente excepcionales que autoricen a apartarse de tal principio.”
Por último, en otra de las resoluciones, se ordenó derivar al juzgado federal de Quilmes todas las actuaciones que se susciten en torno a la cuestión del Riachuelo.
Las sentencias fueron firmadas por unanimidad por los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Enrique Petracchi, Juan Car¬los Maqueda, Raul Zaffaroni y Carmen Argibay, en los autos caratulados “Beatriz Silvia y otros c/ Estado Nacional y otros s/ medida cautelar” y “Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/ Estado Nacional y otros s/ daños y perjuicios.”
Por otra parte, el Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, convocó a las Organizaciones No Gubernamentales con las que desarrollará el control del cumplimiento del Plan de Saneamiento del Riachuelo para comenzar con la supervisión del mismo. Para ello, el Ombusdman presentó al cuerpo colegiado que controlará el plan de saneamiento de la cuenca del Riachuelo y advirtió que será "muy exigente en el cumplimiento de los plazos" de ejecución fijados por la Corte Suprema de Justicia.
Dicho cuerpo, verificará el cumplimiento de las obligaciones impuestas a los gobiernos en forma conjunta con el Juez Federal de Quilmes y la Auditoría General de la Nación, esta última en cuanto a los aspectos presupuestarios.
Sobre las características de esa tarea, el Ombudsman detalló que se concretarán acciones en conjunto con el juez, produciendo informes cada 45 días, elaborando estudios especiales que contribuyan a realizar un seguimiento adecuado de la orden judicial y que acompañará al magistrado cuando se realicen inspecciones sorpresivas.
Sobre el asunto, Mondino enfatizó en que “hemos comenzado el cumplimiento de un fallo histórico que la Corte puso en marcha el 8 de julio. Hay un tema central para nosotros: tener en marcha, en el término de los próximos 90 días, el plan sanitario de la Cuenca, plazo que es improrrogable y no admite modificación alguna tal como lo sentenció la Corte Suprema.”
También apuntó que “la tarea recién empieza y el saneamiento del Riachuelo seguramente demandará largo tiempo, pero es muy importante que se comience. Estamos dando el primer paso de un largo camino que verificaremos día a día, hay un cronograma que fija los pasos de la sentencia y nosotros tenemos la obligación de hacer cumplir y controlar su cumplimiento”.
El Ombudsman además aclaró que “con este fallo comprometido, innovador, prolijo y profundo que ha emitido la Corte para la recuperación ambiental de la cuenca Matanza-Riachuelo, estamos ante el escenario probable para que se rompa la inercia de la contaminación. Y allí irá nuestro esfuerzo y compromiso".