Sin este mapa de riesgo, no es serio, ni cierto, la actualización del Plan de Contingencia, ni el promocionado Plan Maestro Hídrico a partir del cual se realizó la compra irregular de bombas agrícolas sin las garantías técnicas correspondientes.
Empresas y comercios damnificados por la inundación, que conformamos la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME), exigimos al Concejo Deliberante de la ciudad de Santa Fe, el tratamiento urgente de la solicitud, por parte de nuestra entidad, del pedido de asistencia económica que, de forma improcedente e innecesaria, fuera denegado por el Ejecutivo Municipal al que no le correspondía más que gestionar el pago, por parte de la provincia, de aquellos damnificados que no habíamos sido censados, oportunamente, en el marco de la Ley 12.709 de Emergencia a partir de la cual se efectuó una ayuda económica por un monto equivalente a dos facturaciones mensuales, en el caso de las empresas formales y un subsidio fijo de $ 700 en el caso de los emprendedores informales.
Desde APYME, y en representación de medio millar de casos, que quedaron al margen de dicho beneficio, se solicitó tanto al gobierno provincial como municipal, la reapertura del censo entendiendo que la decisión política y/o administrativa que rechace la pretensión, discriminaría a los peticionantes colisionando con normas de superior jerarquía (artículos 1°, 2°, 7°, 10° ccss. y aplicables de la Declaración Americana de los Derechos del Hombre; 16° ccss. y aplicables de la Constitución Nacional y 8° ccss. y aplicables de la Provincial).
Resulta improcedente la resolución municipal toda vez que, el mismo Gobernador Hermes Binner, había dispuesto la implementación de una mesa de dialogo a fin de efectuar el pago requerido en base a un estudio que debía realizar el Municipio junto a entidades intermedias y técnicos en la materia.
En tal sentido recordamos, al cuerpo legislativo, que en octubre de 2007 se aprobó un proyecto del Concejal 100 % santafesino, Marcelo Ferreira, que exigía al Ejecutivo Municipal la confección de un relevamiento de las zonas más vulnerables tomando como experiencia las inundaciones de 2007.
Desde APYME denunciamos que, el incumplimiento de la Ordenanza, por parte del Ejecutivo, perjudica a quienes reclamamos por un resarcimiento justo por las inundaciones pasadas pero además alertamos sobre la actitud negligente del municipio que desconoce la situación hídrica de la ciudad, con lo cual refuerza la posición, de nuestra entidad, en cuanto a la inexistencia de un Plan de Contingencia actualizado y un sistema hidrológico que evite nuevas inundaciones.
Lo antedicho fundamenta nuestra denuncia sobre la malversación de fondos, por parte del municipio, en la compra de bombas agrícolas no con el fin de mitigar el riesgo hídrico, sino para actuar una vez inundada la ciudad.
La improcedente negativa del Ejecutivo Municipal, al reclamo de APYME, demuestra que las autoridades desconocen la situación hídrica de la ciudad y se niegan a realizar un mapa que exprese la vulnerabilidad hídrica de las distintas zonas urbanas, a pesar de estar obligada por el Concejo, deslindando su responsabilidad legal y política ante la posibilidad, cierta, de futuras inundaciones que seguirán afectando a los vecinos
En la medida que el Estado no asuma su compromiso de responder ante catástrofes futuras, fundadas en la incapacidad de gestión propia, los santafesinos estaremos a merced de las contingencias climáticas venideras.
APYME no cejará en su reclamo dado que la ciudad no está en condiciones, ni merece sufrir otra inundación absolutamente evitable.