El funcionario señaló que al tratarse de fondos públicos y además al estar en juego el agua del país, la Contraloría tiene toda la potestad legal de revisar el manejo de los fondos de las entidades binacionales. “El trabajo de inspección se hará sobre aspectos puntuales, pues una auditoría integral sería improbable dado el enorme volumen de las dos entidades”, explicó Airaldi.
La Contraloría ya había intentado realizar supervisiones a la hidroeléctricas Itaipú y Yacyretá, con resultado negativo. A Itaipú no pudo ingresar para obtener la documentación, mientras que Yacyretá proveyó una ínfima cantidad de la documentación requerida sobre la deuda de la entidad, lo que impidió que el ente contralor pudiera emitir una opinión en su dictamen respectivo.
Airaldi, en entrevista con este medio, mencionó que durante el gobierno de Nicanor Duarte Frutos, que culmina en la fecha, se tuvo serias dificultades para acceder a la documentación en diversas entidades, e incluso los organismos se valieron de artilugios como la entrega de documentos al Tribunal de Cuentas, como las municipalidades de Asunción, Ciudad del Este y Encarnación para impedir el control de la CGR.
El ente fiscalizador participará en los cortes administrativos en 61 entidades públicas. Airaldi confía en que el Ministerio de Hacienda habilite los rubros para contratar a 50 auditores, pues los 324 con que cuenta actualmente la oficina fiscalizadora no dan abasto. Existe mucha debilidad aún en los procesos de contrataciones públicas, mencionó. Las condenas judiciales fueron escasas frente al número de denuncias presentadas, indicó.
Un relevamiento de la situación en que se encuentran las diversas entidades del Estado, sean de la administración central, descentralizada así como las empresas públicas está siendo elaborado por la Contraloría, y una vez concluido será remitido dicho informe al presidente de la República, señaló Airaldi, que afirmó que no tiene interés en renunciar al cargo. Su mandato fenece en agosto de 2010.

Presentó más de 100 denuncias
La Contraloría cuenta con un presupuesto para este año del orden de 39.000 millones de guaraníes. La media de ejecución presupuestaria fue de 96% en los últimos ejercicios, informó el contralor general de la República, Octavio Airaldi. Entre el 2006 y el 2008 se presentaron cerca de 100 reportes de hechos punibles ante el Ministerio Público. Algunos de los casos ya tuvieron sentencia. Entre los denunciados que por sus bienes no correspondían con los ingresos figuran Víctor Bogado, ex presidente de Copaco, Conatel y Cámara de Diputados, y el coronel Heriberto Galeano, así como algunos aduaneros.