Referentes de organizaciones sociales y especialistas en derechos humanos y urbanismo del país y Latinoamérica recorrieron diversos barrios periféricos de esta capital provincial, para interiorizarse de las problemáticas particulares y comunes de los vecinos de la ciudad. Coincidieron en que con la construcción de casas no alcanza para solucionar los problemas de urbanismo.
Problemas con la falta de títulos de propiedad y de agua potable, viviendas insalubres, hacinamiento, desarraigo y pérdida de trabajo, fueron algunas de las particularidades en las que se sumergieron los participantes de la jornada Hábitat Social para un Mundo Urbano y Rural “Derechos Humanos Tierra y Agua” que concluyó ayer y en cuyo ámbito se recorrió los barrios Villa Cabello, Prosol, San Isidro y Santa Rosa.
“El problema de la vivienda es uno de los flagelos, pero falta salud, trabajo, educación, movilidad, esparcimiento, aspectos que también tienen que ser tenidos en cuenta. Las políticas de hábitat tienen que apuntar a construir la casa y todo lo que se llama equipamiento urbano”, señaló Maidana, anfitriona de la edición misionera del encuentro.
Aunque es realidad que hay personas que quieren tener su nueva casa, según los especialistas, el problema es más complejo ya que con las relocalizaciones se rompen las tramas sociales y se pierden fuentes laborales que dependen del medioambiente, como ser la pesca o la fabricación de ladrillos, actividad que se conoce como olería.
Afectados por represa
En el barrio Santa Rosa, que será abnegado parcialmente cuando la cota suba a su altura máxima, todavía viven 136 familias que se niegan a ser desalojadas y de las cuales 77 viven de la olería.
“Acá tenemos nuestro lugar para reunirnos y nuestros trabajo. En este lugar no hay delincuentes”, aseguró el presidente de la comisión vecinal, Miguel Cerdán.
Por su parte, Marilina Marichal, de la Coordinadora para Asentamientos Espontáneos de Paraguay señaló que en su país quedaron familias sin casa y sin trabajo, y graficó que ya no funcionan 160 olerías que tenían entre 25 y 30 empleados cada una.
Síntesis del encuentro
Entre otros temas, como conclusiones acordaron exigir el cumplimiento de las obras complementarias previstas en el plan de terminación de Yacyretá priorizando las obras del sector social antes que la producción de energía, difusión y cumplimiento del cupo de viviendas para discapacitados en los complejos habitacionales del Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional de Misiones (Iprodha), efectivo control del desmonte en las áreas protegidas por las organizaciones sociales y comunidades originarias y la adhesión formal de los 75 municipios de Misiones al programa municipios sin desalojos”.
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