España se seca. Un 18% del territorio corre un riesgo alto o muy alto de desertificación; otro 19%, un peligro medio. Ésa es la realidad y el punto de partida del Programa de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación (PAND) del Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino, que acaba de entrar en vigor tras su publicación ayer en el BOE. La iniciativa, sin nueva dotación presupuestaria, llevaba desde 2003 en manos del Gobierno, cuando la sequía acechaba a un 31% de la superficie, y ya entonces acumulaba un importante retraso. Ahora la amenaza de la desertificación alcanza el 37%.
España firmó junto con otros 70 países el Convenio de Naciones Unidas vigente desde 1996 que obligaba a diseñar planes nacionales para combatir lo que era obvio; que la sobreexplotación de los recursos, el cambio en la agricultura y lo que entonces se esbozaba como un inicio del calentamiento global estaba cambiando el paisaje. Once años después, en 2007, se presentó sin los deberes hechos en la cumbre mundial sobre desertificación que acogió Madrid. El documento que ahora presenta, de 262 páginas, parte de una radiografía clara de la situación. Las zonas más problemáticas son las cuatro Islas Canarias orientales (Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura), Murcia, Alicante, Almería y el este de Castilla-La Mancha (Albacete y Ciudad Real). Ninguna sorpresa. Todas coinciden con aquéllas, también recogidas en el informe, en las que se ha observado una mayor sobreexplotación y salinización de los acuíferos. Tanto que los científicos de la Unesco han debatido retirar la catalogación de Zona de Interés a las Tablas de Daimiel.
Tampoco sorprenden las medidas propuestas. La parte más concreta del texto trata de la recuperación de la cubierta vegetal y de los cauces de los ríos, primeras medidas para combatir el avance del desierto. Para ello se sugiere lo siguiente: "Repoblación forestal con especies autóctonas" para "contribuir a la reconstrucción de una vegetación estable y madura con respecto a las condiciones del lugar" y "tratamientos selvícolas de las masas forestales protectoras existentes" para "mejorar el tamaño, la densidad y la cobertura del suelo que proporciona la vegetación, garantizando su estabilidad, calidad y diversidad". Se propone además la "gestión del matorral mediterráneo", la "ordenación del pastoreo", la protección de los "buenos suelos productivos" o los "suelos en cultivos de áreas de montaña mantenidos por razones sociales", y la construcción de "diques y otras obras de estabilización de cauces torrenciales".
Las explotaciones deberán presentar planes de sostenibilidad. El programa estipula condiciones para el manejo de pastos y rastrojos, matorrales, qué superficies se pueden arar y cuáles no. También se estipula un número de animales para cada superficie, con el objetivo de evitar la sobreexplotación.
El objetivo no es sólo estético (si se puede considerar así la predilección de un paisaje más verde frente a otro más seco). La falta de una vegetación estable, que nunca podrá ser demasiado frondosa por el régimen de lluvias del sureste español, tiene consecuencias directas en el aprovechamiento del terreno.
El informe recoge los datos, aún incompletos, de la pérdida de suelo según el tipo de vegetación o cultivo. La erosión es un problema asociado a la desertificación: la agrava y acelera. En este caso, el mapa correspondiente muestra las mayores tasas en el valle del Guadalquivir, aunque toda España se ve moteada por los puntos rojos que indican pérdidas de más de 25 toneladas de suelo por hectárea al año, siendo las más afectadas las zonas con cultivos arbóreos y viñedos de secano, y las que menos, las que tienen un arbolado más frondoso.
En el documento se recogen partidas ya invertidas en el Plan Hidrológico Nacional y el de Desarrollo Rural, pero no se da una cifra de lo que costará. Sólo en esos dos campos la inversión llegará a los 26.000 millones de euros, aunque no toda tendrá que ser una nueva aportación, porque parte ya estaba presupuestada en esos planes.
Theo Oberhuber, de Ecologistas en Acción, destacó "el retraso en la aprobación pese a ser uno de los países más afectados por la desertificación". "El plan no aborda la pérdida de suelo fértil por la urbanización masiva. Se está infravalorando el impacto del urbanismo en la desertificación", dijo. Y concluyó: "Llega tarde y es insuficiente pero es mejor que nada, ya que sí aborda algunas prácticas agrarias que provocan desertificación".

Iniciativas nuevas y antiguas
La lucha contra la desertificación no se puede abordar sólo desde el Gobierno central. El nuevo programa incluye iniciativas que ya estaban en marcha y otras de nueva creación. Éstas son algunas.
- Plan Hidrológico Nacional. La gestión del agua es clave. Sus actuaciones se centran en dos aspectos: modernización de regadíos, para consumir menos y mejor, y la restauración hidrológico-forestal (repoblaciones, limpieza de cauces). Las partidas para 2008-2010 suman 6.533 millones de euros.
- Observatorio de la desertificación. De nueva creación, será el encargado de vigilar, alertar y diseñar actuaciones para corregir las situaciones que se vayan detectando. Estará compuesto por "miembros de las administraciones públicas, estatales y autonómicas, grupos sociales, profesionales, técnicos y científicos".
- Plan de Gestión Agroambiental. Todas las explotaciones deberán presentar a las comunidades este plan. En él, se indicará la explotación de los rastrojos, se incluye la prohibición de roturar en zonas con más del 10% de pendiente, o limitar el número de animales por hectárea.