"Los juninenses debemos pagar por los servicios lo que los servicios valen", dijo el viceintendente Diego Marcovesky, quien hoy participará de una reunión de trabajo con las autoridades del EPAS, con vistas a la firma de un convenio de transferencia de la red y en medio de la suspensión cautelar del cobro del agua potable, que el Deliberante aprobó en mayo pasado, a raíz del virtual colapso del sistema de agua y cloacas y a las denunciadas deficiencias en su operación.
Del encuentro participarán representantes del Ejecutivo y Legislativo municipal y técnicos del Ente Provincial de Aguas y Saneamiento.
Como se apuntó, en esta ciudad están vigentes las ordenanzas que establecen la suspensión cautelar del cobro del servicio de aguas y cloacas, "hasta tanto se concrete una nueva reunión con los directivos del EPAS".
El encuentro de hoy permitirá pulir detalles del convenio de traspaso, ya que hasta aquí nunca hubo formal cesión de las redes municipales y de las prestaciones, aún cuando el organismo provincial venía cobrando el servicio.
Marcovesky reconoció que "hasta aquí, el servicio era un desastre y por eso se resolvió la suspensión del cobro". Pero el funcionario fue incluso más allá, al anticipar que el Deliberante también analiza aplicar criterios similares sobre el servicio de energía eléctrica y alumbrado público. Fue entonces cuando advirtió que "los vecinos de Junín deben pagar por los servicios lo que los servicios valen...".
La ordenanza en cuestión recuerda que en un convenio firmado el 30 de enero del 2000 entre la provincia y el municipio, se acordó trabajar en la ingeniería de un proyecto técnico y financiero para el traspaso de la responsabilidad del suministro de agua y servicio de la red cloacal a los municipios.
Así se aprobó una ordenanza de corto plazo, con valores atenuados respecto de los costos que informaba el EPAS, pero "en ningún caso se establecía que el servicio debía ser provisto con eficacia, eficiencia y calidad, ocasionándose una suerte de vacío legal, que dejó a la comunidad sujeta a la obligación de pago y diluida la responsabilidad indelegable del estado de garantizar la salud pública, preservar el medio ambiente y procurar políticas de bajo impacto ambiental o tendientes a la menor contaminación posible (específicamente en el tratamiento de las aguas servidas y la supervisión del funcionamiento de la red cloacal)".