El pedido de informes fue presentado esta semana por el diputado nacional, Juan Manuel Irrazábal del Frente para la Victoria, Misiones. El documento insta al Poder Ejecutivo nacional prestar detalles sobre el megaproyecto agrícola “Represa Ayuí Grande”.
Se trata del emprendimiento Ayuí Grande, que se extenderá por más de 77.000 hectáreas, supone la eliminación de 137 kilómetros de bosques naturales bajo 8 mil hectáreas de un espejo de agua que se formará con el cauce del arroyo Ayuí, que será desviado de su estado natural.
Preparado el terreno, se planea sembrar, entre otras, 23 mil nuevas hectáreas de arroz que implicaría 130 mil toneladas extra para la exportación correntina, y 5 mil de otros cultivos con el mismo destino, en un contexto internacional favorable dado el incremento del precio de los cereales.
El megaproyecto es impulsado por las firmas Pilagá, Tupantuva, Copra, del vicepresidente del Grupo Clarín, y Adecoagro, del financista húngaro George Soros, que, junto al gobierno provincial gestionan ante la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación medidas para que la Ley de Bosque nativos no frene la iniciativa.
El legislador misionero insta al Gobierno nacional a que informe acerca del conocimiento y opinión de la secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable sobre el megaproyecto.
“Construir un embalse que haría desaparecer bajo las aguas una superficie considerable de costas, bosques de ribera, pastizales y pajonales ha generado rechazo de varias organizaciones”, sostiene el pedido.

Inta
Paralelamente, el Presidente del Centro Regional NEA del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Hugo García, informó que la entidad no forma parte del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de la Represa Ayuí, como se había informado en un principio.
"Pediremos que saquen el nombre de la Institución" informa García en un documento dirigido a la Fundación Reserva del Iberá, una de las organizaciones que se oponen al emplazamiento del megaproyecto agrícola.
García sostuvo que el INTA jamás formó parte de los Estudios de Impacto Ambiental. “Si el INTA estuviera mencionado como integrante del Equipo Técnico, solicitaremos a los autores del trabajo modificar su redacción”, aclara el comunicado. El presidente de la entidad sostuvo que aunque el INTA haya realizado un estudio sobre riesgos ambientales e indicadores sustentabilidad agroambientales, que probablemente fue sido utilizado para redactar parte del informe de impacto, “no implica que nuestros profesionales hayan sido parte del equipo técnico".

UBA
Al igual que García, Jorge Aliaga, decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, pidió que se desvincule a la casa académica de los trabajos emprendidos por el ingeniero Jorge Adámoli, profesor asociado del Departamento de Ecología de esa facultad.
Adámoli integra al equipo técnico contratado por las firmas para desarrollar los estudios de Impacto Ambiental a los que, según dijo, el Instituto Correntino del Agua y el Ambiente analiza positivamente.
Adámoli fue quien precisó a Momarandu.com que de las siete mil hectáreas que serán inundadas, “sólo 137 kilómetros de bosque serán eliminados”. “Es un bosque que no es único, las especies que están ahí están en todos lados”, había justificado el ingeniero.
Adámoli había dicho también que el megaproyecto incluye la creación de un área protegida “de administración privada”, que se extenderá por de 13.700 hectáreas de bañados, malezal y bosques “donde no se tocará al ambiente”.
El área “receptaría” el impacto que producirá el uso de químicos industriales para la siembra y la emisión de gases de las maquinarias.
Respecto a las declaraciones del profesor asociado, el decano de la UBA sostuvo que “tanto los trabajos como el informe técnico quedan bajo responsabilidad del Asesor Técnico responsable y no comprometen a la Facultad".
"El solicitante será responsable por los daños que pudieran derivarse de los resultados obtenidos en virtud de esta OAT. La Facultad no tendrá responsabilidad alguna al respecto", agrega.
Se refiere a las Órdenes de Asistencia Técnica que el investigador habría solicitado a la facultad para desempeñarse como asesor técnico de las firmas privadas.