El pasado 12 de agosto la Justicia ordenó la demolición del terraplén de Yahaveré e impuso un plazo de 72 horas desde la notificación para derribar la obra hidráulica.
Como la empresa Forestal Andina, en cuyas tierras se levantó el terraplén, se excusó de la destrucción, la Justicia corrió vistas al Instituto Correntino del Agua y el Ambiente (ICAA) para que afronte los gastos y trabajo que demande la demolición.
Hasta este miércoles todavía no fue el ICAA notificado pero en caso de hacerlo no estará en condiciones de hacerlo.
El titular del organismo, Mario Rujana, expresó a Momarandu.com que todavía no tienen precisiones del fallo por lo que resulta imprudente hablar respecto a si se podrá o no cumplimentar con la tarea emanada de la decisión judicial.
Sin embargo, reconoció que podrían haber dificultades para cumplir la demolición en un plazo breve, aunque reiteró que querer explayarse en el tema.
Pero fuentes del organismo indicaron que resulta inviable iniciar la demolición en un plazo de 72 horas, pues se requieren finiquitar cuestiones administrativas y técnicas, trámites que demandan plazos de tiempos mayores al estimado por la Justicia.
La instancia técnica demandaría un estudio minucioso, pues sacar la tierra también podría provocar un impacto ambiental en el ecosistema del Iberá, y habría que determinar lugares donde colocar el material que se saca del terraplén.
Además debe garantizarse el escurrimiento de las aguas como lo era antes de la construcción de las obras.
Asimismo jugaría en contra del ICCA el afrontar los gastos de la destrucción, que superaría 1,5 millones de pesos que era el presupuesto estimado para la demolición hace un año.
El organismo no cuenta con ese dinero y depende de giros especiales del Ejecutivo.