Aunque está frenada la ley que crea el ente administrador de las tierras del perilago del dique Potrerillos y otras normas relacionadas aún no fueron tratadas, el Gobierno provincial está avanzando en la zonificación del entorno de la presa. El objetivo es fijar las condiciones para la futura explotación de los espacios que rodean la presa.
El trabajo es conducido por la Dirección de Ordenamiento Ambiental y Desarrollo Urbano (Doadu), dependiente de la Secretaría de Ambiente. Y participan casi todos los organismos contemplados en el proyecto de ley del ente administrador, aunque la organización es informal.
Diego Fernández, titular de la Doadu, confirmó a UNO que “se está trabajando en un proyecto integral de uso del perilago porque no se puede dejar que haya un crecimiento desordenado”. Adelantó que en unas dos semanas habrá una reunión con el gobernador, Celso Jaque, en la que rendirán cuentas de lo hecho y se acordará cómo continuar el trabajo.
Días después de asumir la gobernación, Jaque había supeditado el avance sobre la regulación del perilago a la aprobación de la ley de uso de suelo. Sin embargo, con el paso del tiempo sin novedades sobre el tratamiento de esa norma, tan paralizada en la Casa de las Leyes como las que específicamente se refieren al manejo de los perilagos en general o al de Potrerillos en particular.
Por ahora, el plan del gobierno se encuentra en la etapa de zonificación. Es decir, la determinación de qué actividades corresponden a cada espacio.
“En primer lugar estamos regularizando las actividades que ya existían, como el rafting y el windsurf. Estamos analizando cada emprendimiento y relocalizando los que lo necesitan”, sostuvo Fernández.
A los proyectos ya instalados el Estado les exige un plan de manejo. Esto es, una manifestación general específica de impacto ambiental. Un trámite para determinar cómo afecta al ambiente cada emprendimiento.
La comisión informal armada por el Gobierno incluye representantes de las Secretarías de Ambiente y Turismo, del EPRE, de Irrigación, de la Asociación de Cauces de Alta Montaña y de los municipios de Las Heras y Luján.
Una vez que la comisión tenga definido qué hacer integralmente en el perilago, el proyecto deberá ser remitido a la Legislatura para su aprobación.
Luis Böhm, secretario de Turismo, justificó el avance más allá de la paralización del tratamiento de los proyectos legislativos porque “lo peor que podríamos hacer es dejar que haya un crecimiento sin regulación. Hay una serie de normativas vigentes que nos sirven de referencia para ir trabajando en la regulación”.

Iniciativa está cajoneada en la Legislatura
En la Legislatura hay tres proyectos de ley que comprenden la situación del perilago de Potrerillos.
El ente único administrador de los terrenos del perilago fue una idea propiciada por Mariana Juri cuando era ministra de Turismo y Cultura del gobierno de Julio Cobos. En 2005 la iniciativa fue presentada en la Legislatura y luego obtuvo media sanción de Diputados. En el Senado fue discutida y cajoneada.
El PJ prefería avanzar en la ley de uso de suelo para regular el del perilago. Mientras que en el Senado, la demócrata Nelly Gray de Cerdán presentó un proyecto más amplio para crear un solo ente que se encargue de la administración de los perilagos existentes y de los que puedan concretarse en la provincia. Los Blancos y Portezuelo del Viento están anunciados.

Larga espera
$130 cotiza el metro cuadrado de tierra.
El Gobierno planea concesionar la franja comprendida entre el río Cacheuta y el Hotel Provincial Potrerillos.
En diciembre de 2001, el ex presidente Fernando de la Rúa y el entonces gobernador de Mendoza Roberto Iglesias abrieron la llave para que comenzara a llenarse el dique. Desde entonces, la regulación del uso del perilago espera.

El perímetro
3.000 hectáreas aproximadamente constituyen el entorno del dique.

1.700 hectáreas son tierras fiscales que deben ser destinadas por el Estado.

365 hectáreas aproximadamente son las que presentan potencialidad para explotar diversas actividades.