Más que una aprobación incierta para el acuerdo entre Mendoza y La Pampa por el Río Atuel, la Legislatura provincial estuvo ayer muy cerca de mostrar la certeza de un próximo rechazo.
Así se evidenció en la actitud de las bancadas opositoras durante el informe de cuatro horas que ofrecieron el ministro de Infraestructura, Francisco Pérez y el superintendente general de Irrigación, Eduardo Frigerio, ante un abarrotado Salón Rojo de la Legislatura, que apretujó a 50 concurrentes en un espacio con sólo 30 sillas, en el que -no obstante- no faltó lugar para un fuerte intercambio de argumentaciones y de -siempre presentes- "chicanas".
Los voceros de las bancadas de la oposición radical (Walter Sanz), concertadora (Mario Salomone), demócrata (Carlos Aguinaga) y del ARI (Alejandra Naman) se mostraron contrarios al texto del convenio y adelantaron su voto negativo en el recinto.
Una ratificación legislativa requerirá del voto afirmativo de las dos terceras partes de los miembros de cada cámara y el oficialismo está muy lejos de alcanzar esos números, ya que le faltan 9 votos tanto en Senadores como en Diputados (ver aparte).

¿Articular o asegurar?
El centro de la discusión entre el oficialismo y la oposición se resume en el peso que alcanzan en el convenio las palabras "articular" o "asegurar", mencionadas ambas en el inciso K del artículo 10.
Es que -según sea su interpretación- el agua del Río Atuel no deberá pasar hacia La Pampa hasta que no esté "articulado" el sistema previsto en el convenio (tal como interpreta el oficialismo) o, -por el contrario- el agua deberá comenzar a escurrir en forma "asegurada" -y a costa de los regantes mendocinos- desde la misma ratificación legislativa del convenio y antes de que se hagan las obras necesarias (tal como alerta la oposición).
En favor de la ratificación del acuerdo el ministro Pérez pidió que la Legislatura "se tome todo el tiempo que sea necesario" pero reclamó "el debate serio" de "una clase política que esté a la altura de las circunstancias" ya que "estamos haciendo historia" porque el convenio rubricado por los gobernadores mendocino Celso Jaque y pampeano Oscar Jorge "hay que mirarlo con una visión de 30 años".
Por su parte el superintendente Eduardo Frigerio, adelantó que el convenio llegará a la Legislatura "acompañado por los dictámenes favorables de la Fiscalía de Estado y del Departamento General de Irrigación", al tiempo que se mostró partidario de que "se aprueben todas las leyes aclaratorias que sean necesarias".
En este sentido, el director jurídico de Irrigación, Mauricio Pinto, citó legislación internacional (Derecho de Viena) que permite la aprobación legislativa de una "declaración de reserva unilateral" sobre la redacción de un artículo de un convenio aprobado entre dos estados.Y reconoció que -en su momento- Irrigación sugirió al Gobierno provincial -sin éxito- "una mejor redacción" para el artículo en discusión.
Por su parte, desde la oposición la senadora arista Alejandra Naman estimó que "aprobar el convenio sería reconocer un texto incorrecto que concede derechos (mendocinos)"; el radical Walter Sanz dobló la apuesta y amenazó con "pedir un juicio político contra el gobernador Jaque" porque el convenio con La Pampa "es un cheque en blanco"; el demócrata Carlos Aguinaga convocó a "retomar las políticas de Estado que permitieron ganarle a La Pampa el juicio por el Río Atuel (en 1987)", al tiempo que reclamó que "veamos el fallo de la Corte Suprema como mendocinos y no como pampeanos", mientras que el concertador Aníbal Rodríguez manifestó que "estamos entregando agua por 300 millones de pesos en obras (que aportarán La Pampa y la Nación)" y propuso que "consigamos los 300 millones y hagamos nosotros las obras".
En tanto, el vocero del justicialismo fue el senador Vicente Russo quien se pronunció en favor de la aprobación del convenio porque "con las obras previstas el sur mendocino se va a convertir en una de las regiones hídricas más importantes del planeta" al tiempo que con los revestimientos de cauces "se solucionará el problema de las aguas claras, por el que veníamos reclamando desde hace diez años".
El debate abarcó también el rol del Departamento General de Irrigación que, a criterio de la oposición se ve disminuido por la formación de una comisión biprovincial de seguimiento.