Mientras la Provincia completa los pasos legales necesarios para acceder al 20% de las acciones de Aguas de Salta e incorporarse a su directorio, desde el seno de la empresa surgieron las primeras impresiones acerca de los beneficios que podrían esperar los salteños con la gestión mixta.
El presidente de la distribuidora, Raúl Escobar, aseguró que la nueva sociedad definirá y articulará en lo inmediato "acciones concretas" para "mejorar y expandir los servicios de agua potable y desagües cloacales" en distintas localidades.
Escobar destacó que "uno de los puntos relevantes del acuerdo se relaciona con el trabajo en conjunto que llevaremos adelante para conseguir el financiamiento y ejecutar el plan director de agua potable y desagües cloacales ya delineado en el corto, mediano y largo plazo"
En tal sentido, advirtió que las inversiones necesarias para alcanzar los objetivos de calidad y expansión trazados en toda la provincia superan los $1.200 millones. Mencionó, entre otras prioridades, la planta de tratamiento de líquidos cloacales de la zona norte de Salta, la segunda etapa del acueducto sur y un pozo de bombeo indispensable para la población de Santa Victoria Este.
Tras recalcar que otro punto central del entendimiento apunta a asegurar la sustentabilidad operativa del esencial servicio, Escobar precisó que una vez vigente el acuerdo comenzarán a gestionarse los recursos necesarios para mantener niveles de eficiencia en la prestación.
"También en esta nueva etapa se establecerán aspectos importantes a trabajar en lo que respecta al cuidado del medio ambiente y al uso racional y equitativo del servicio de agua potable y de los recursos hídricos de la provincia, teniendo presente la disponibilidad de los recursos, la expansión urbana en forma planificada y el resto de las actividades productivas", puntualizó el directivo de la empresa concesionaria.

Balance
El presidente de Aguas de Salta remarcó que tras el nuevo capítulo que empieza a escribirse se cierra "una etapa en la que hemos dado un paso importante, necesario, oportuno, estratégico, donde pudimos ver en conjunto la realidad de nuestra empresa y de un servicio vital que ha crecido y sigue creciendo a pesar de que las condiciones elementales han ido cambiando".
Escobar recordó que empresa y Provincia vienen de consensuar "una agenda de temas claves para consolidar el avance que se logró en la prestación de los servicios de agua potable y desagües cloacales en los últimos diez años".
"Todos tenemos presente lo que significó la crisis económica de los años 2001 y 2002 en nuestro país. Pasaron más de siete años y la prestación del servicio siguió mejorando y creciendo. Hoy, con importantes obras ejecutadas y más de 600 kilómetros de redes de agua potable, 1.050.000 salteños tienen acceso a agua potable segura y controlada día a día por nuestros operarios", puntualizó.
Escobar destacó que en la actualidad, con la participación de la Provincia, la Nación y la empresa, "se ejecutan importantes obras e inversiones". Citó los casos del acueducto sur de la ciudad de Salta, las cloacas máximas y la planta de tratamiento de líquidos cloacales para General Mosconi, la ampliación del sistema de agua potable de La Caldera y de Vaqueros y la nueva captación y acueducto sobre Río Tartagal. También mencionó la renovación de la flota de equipos, la incorporación de nuevos equipos para el mantenimiento de los sistemas de redes colectoras cloacales y el equipamiento de laboratorio adquirido por Aguas de Salta.

Una nueva forma de intervención estatal
"La articulación público-privada en la gestión de la prestación del servicio público de aguas y saneamiento garantizará la sostenibilidad social, técnica, económica e institucional del mismo", aseguró el vicepresidente del Ente Regulador de los Servicios Públicos, Víctor Collado.
El funcionario sostuvo que la instrumentación del acuerdo por Aguas de Salta "supone repensar política e institucionalmente la relación de las organizaciones públicas con el sector privado y adecuarla al modelo de Estado Social imperante, donde el eje fundamental resulta el ciudadano y en este caso el usuario del servicio".
En este esquema, aseguro Collado, "es posible la prestación de un servicio eficiente y que a su vez resguarde los criterios sociales de equidad, accesibilidad y universalidad de cobertura. Estamos trabajando en el concepto de servicio público y de usuario", enfatizó.
En esta línea, Collado aseguró que con el paso dado por la Provincia "se concreta la nueva forma de intervención estatal que plantea la necesidad de la participación activa del Estado en diversos campos de acción, y más aún en aquellos fundamentales como lo es la prestación de servicios públicos".
Para ello, precisó, mediante el acuerdo suscripto con la concesionaria "el Estado provincial ha logrado su incorporación en el paquete accionario de la sociedad prestadora sin erogación para la Provincia, lo que resulta posible en virtud de la capitalización de deudas que mantenía la concesionaria con el Estado provincial".

Los alcances del acuerdo
Con el 20% de las acciones y un representante con voz y voto en el directorio, la Provincia tendrá derecho a veto sobre decisiones estratégicas de la sociedad concesionaria. Esta participación, en términos concretos, implicará un intervención directa y poder de decisión sobre lineamientos fundamentales para la prestación del servicio.
En este marco, el vicepresidente del Ente Regulador también resaltó el hecho de que la Provincia cuente, de ahora en más, con la facultad de designar un gerente en un área tan sensible como es la de Relaciones con la Comunidad y los Usuarios.
En otro orden, del acuerdo se desprende la obligación por parte de la sociedad prestadora de ejecutar, en lo inmediato, obras de emergencia de gran importancia para el servicio como la estación de bombeo de líquidos cloacales del barrio Ceferino, la rehabilitación de la planta depuradora de General Güemes y la rehabilitación de predios utilizados para la prestación del servicio, entre otras.
A la par, la concesionaria comprometió su colaboración para obtener los fondos necesarios para ejecutar la planta depuradora norte de la ciudad de Salta ante el ente nacional que financia obras de infraestructura hídrica y de saneamiento (ENOHSA).
En lo que hace a inversiones, se estableció como compromiso de la concesionaria un plan básico de aproximadamente $65 millones para los próximos cinco años, sin perjuicio de las que se establezcan en el marco del plan director que se encuentra en etapa de diseño.
Víctor Collado precisó que, con el objetivo de transparentar el alcance de las obligaciones asumidas, "se ha previsto mediante dicho acuerdo que en el caso que la concesionaria no cumpla con las inversiones comprometidas, además de las sanciones contractuales correspondientes, se active un mecanismo para que la Provincia las ejecute y las capitalice en la sociedad, incrementando su participación accionaria".
El acuerdo, asimismo, establece las bases y lineamientos para llevar a cabo la renegociación definitiva en un plazo de 60 días, a fin de garantizar la prestación del servicio en condiciones de calidad y seguridad adecuadas.
Collado hizo notar que, en la práctica, el acuerdo se traducirá en un esquema de ejercicio de doble control por parte del Estado en la prestación del servicio de aguas y saneamiento. "Por un lado, aquel que surge de la actividad que desarrolla el Ente Regulador de los Servicios Públicos a través del ejercicio de sus competencias y, por otro, el derivado de la participación directa en la sociedad concesionaria", acotó Collado, quien desechó toda medida que tienda a readecuaciones tarifarias en el cercano plazo.