Una masiva devolución de expedientes desde el Tribunal de Cuentas a la Secretaría de Obras Públicas se produjo entre el lunes 4 y el martes 5 pasados. En esas 48 horas, el ente de contralor remitió 39 actuaciones al Ejecutivo.
En todos los casos, se trata de certificaciones de obras que el organismo del Poder Ejecutivo, a cargo de Oscar Mirkin, debe pagar a las respectivas constructoras. En los considerandos de los correspondientes acuerdos, el ente de contralor precisa que devuelve los instrumentos públicos por solicitud de la Secretaría, con la finalidad de que se “complete la documentación” debida.
En materia resolutiva, los vocales Miguel Terraf, Sergio Díaz Ricci y Marcelo Vidal advierten al Gobierno que debe “abstenerse de ejecutar el acto administrativo” sometido a control.
Por ende, quedó detenido el pago de obras certificadas por un total de $ 3,9 millones. Este freno afecta desde los “trabajos adicionales” para completar la “Sistematización del río Muerto y embocadura del canal de Yerba Buena”, por $ 1,6 millón (acuerdo 2025), hasta tareas secundarias en la construcción de un sifón en el río Acequiones, Trancas, por apenas $ 402 (acuerdo 1995).
Respecto de los trabajos principales de esta última obra, se devolvieron otros dos expedientes, con pagos por $ 115.000.
Pero, indudablemente, las tareas a las que más impactó la devolución de expedientes son las referidas a las defensas y al salto hídrico del arroyo La Perdiz, así como a los nuevos puentes (sobre las rutas 305, 312 y 318) que atraviesan ese cauce del Este tucumano. En total, 11 de los 39 acuerdos que devuelven expedientes al Ejecutivo tienen que ver directamente con esas obras públicas (del 1998 al 2006, más los acuerdos 2008, 2016 y 2020). Y frenan los correspondientes pagos, que totalizan $ 376.000.
Tampoco el Gobierno podrá pagar, por ahora, las obras de encauce en el río Tacanas y en el río Tipas, en San Pedro de Colalao, por un total de $ 127.000 (acuerdos 2040 y 2041). También le frenaron la liquidación de las tareas de limpieza en nueve arroyos y canales del interior y la capital.
Tendrá que esperar, también, el pago de los certificados de obra del desarenador previo al ingreso de la represa El Arbolar, en el departamento Tafí del Valle. Los acuerdos 1996 y 2019 remiten de regreso al PE dos actuaciones, que aprobaban el pago de un total de $ 152.000.
En Río Chico, idéntica medida detiene dos desembolsos, por un total de $ 54.000, por el revestimiento de la acequia Los González (acuerdos 2012 y 2021). En Yerba Buena también es alcanzada la obra de encauce del Río Muerto (a la altura del Hogar San Agustín), por la que deben abonarse $ 104.000 (acuerdo 2037).
También deberá esperar el pago de $ 340.000 por los terraplenes de control de inundación sobre el margen derecho del río Chirimayo, a la altura de la calle San Martín, de Concepción (acuerdo 2013).
En Famaillá, la devolución de actuaciones alcanza dos trabajos certificados en la construcción de la toma de Potrero Negro, que totalizan $ 138.000 (acuerdos 2015 y 2018); y la obra para hacer la toma de La Montañita, por $ 45.000 (acuerdo 2024).

MANEJO DE FONDOS DEL ESTADO
El Ejecutivo asume que tiene un conflicto con el ente de control
Análisis. Por Alvaro Aurane - Redacción LA GACETA
Para algunos hombres de la primera línea del Ejecutivo (y de la primera hora del alperovichismo), las últimas medidas del Tribunal de Cuentas representan un conato de conflicto. Que el ente de control les detuviera el pago de 39 obras en dos días equivale, según un funcionario, a que al gobernador, José Alperovich, lo tuvieran durante dos jornadas mordiendo el freno una vez por una hora.
“Acá no hay chancho con dos colas: el Tribunal está haciendo una demostración de fuerza. Y pega donde sabe que nos duele”, analiza otro colaborador clave.
El Tribunal de Cuentas debe controlar que lo gastado se ajuste a la ley. En definitiva, custodia el dinero que los tucumanos confían al Estado. Y todo el celo que ponga en ello es bienvenido.
Pero un profesional cercano al mandatario explica que la Secretaría de Obras Públicas pidió la devolución de los expedientes para “completar documentación” porque ahora le piden documentación que consideran inverosímil. “Son obras certificadas, no inventadas. Y nos reclaman papeles que nunca antes exigieron para aprobar los pagos”, contrasta.
En el Tribunal muchos están convencidos que el Ministerio de Economía (del que depende Obras Públicas) está detrás de la denuncia ante la AFIP que acusa a los vocales de presunta evasión tributaria, porque ellos no pagan impuesto a las Ganancias. En el PE juran y perjuran que no es así. “Pero ya no importa -contestó ayer un indignado funcionario-: aquí no somos indefensos: sabemos devolver el golpe”, anticipó.

Dos actuaciones se refieren al desembolso de $ 2 millones
El monto más abultado que frenó el Tribunal de Cuentas refiere a la aprobación de la documentación técnica de los trabajos adicionales para completar la sistematización del río Muerto y la embocadura del canal de Yerba Buena. Totaliza $ 1,6 millón, lo que equivale, según el acuerdo 2025, a un 20% más del monto del contrato original. La contratación, de hecho, asciende, a partir de la cifra mencionada, a los $ 9,9 millones.
A este expediente le sigue, en cuanto al volumen de dinero por pagar, el del revestimiento del canal principal El Alto. Por esa obra deben desembolsarse $ 423.000. Pero ese expediente, al igual que el anterior, también fue devuelto para que se complete su documentación.

Frenan pagos para 39 obras públicas por $ 4 millones
Una devolución de expedientes del Tribunal de Cuentas a la Secretaría de Obras Públicas detuvo el desembolso del dinero. Conato de conflicto con el PE.
En sólo 48 horas, 39 expedientes de la Secretaría de Obras Públicas en los cuales se aprobaba la certificación de trabajos fueron devueltos por el Tribunal de Cuentas de la Provincia. Esta medida, adoptada entre el lunes 4 y el martes 5, frena el desembolso de $ 3,9 millones por parte del Gobierno a las constructoras. Las tareas afectadas incluyen trabajos sobre puentes nuevos, limpieza de canales, construcción de defensas en los márgenes de cursos de agua, y encauce de ríos y arroyos.
La remisión de las actuaciones, según consta en los acuerdos que refrendaron Miguel Chaibén Terraf, Sergio Díaz Ricci y Marcelo Vidal, se debe a que la dependencia del Ministerio de Economía las requirió con la finalidad de “completar documentación”. Sin embargo, ayer funcionarios de primera línea de la Casa de Gobierno consignaron que el organismo de contralor comenzó a reclamarles papeles que antes no les solicitaban para aprobar los pagos a contratistas. Y consideran que la medida representa un verdadero conato de conflicto.