El Gobierno brasileño reiteró ayer su disposición de ofrecer a Bolivia informaciones técnicas sobre las hidroeléctricas en la frontera y negó que Brasil vaya a monitorizar los posibles impactos ambientales en suelo boliviano, informaron fuentes oficiales.
El ministro de Relaciones Exteriores, Celso Amorim, recibió correspondencia de su homólogo boliviano, David Choquehuanca, que le expresó su preocupación sobre las tareas de estudio de impacto ambiental que Brasil pudiera hacer en suelo boliviano durante las obras de la central de San Antonio, informó la Cancillería.
En su respuesta, el canciller indicó a Choquehuanca que sería "útil" realizar un encuentro "lo antes posible" entre las comisiones técnicas de ambos países para intercambiar informaciones técnicas sobre la construcción de la central hidroeléctrica de San Antonio, que será levantada en las aguas del río Madeira.
Esta central, que se ubicará en el estado brasileño de Rondonia, a escasos kilómetros de la frontera con Bolivia, recibió hace dos semanas la licencia ambiental por parte del ministerio de Medio Ambiente, último trámite burocrático antes de comenzar su construcción.

ACLARACIÓN
Amorim, en su respuesta al Canciller boliviano, esclareció que la licencia ambiental concedida por el ministerio de Medio Ambiente "no autoriza acciones de monitorización fuera del territorio brasileño".
El Ministro insistió en el deseo de su Gobierno de cooperar con el de Bolivia en cuestiones de interés mutuo en el área de vigilancia del medio ambiente.
Brasil ha insistido en varias ocasiones que la construcción de esta central y de otra vecina no afectará, ni inundará el territorio boliviano.
La central de San Antonio, que será construida por las ingenierías brasileñas Odebrecht y Furnas, tendrá capacidad de producir 3.150 megavatios de electricidad cuando entre en funcionamiento en 2012. Su costo ascenderá a cerca de 5.000 millones de dólares.