En momentos en que el Congreso discute la reestatización de Aerolíneas Argentinas, un informe de la Defensoría del Pueblo de la Nación, que conduce Eduardo Mondino, denunció que los servicios que volvieron a manos del Estado desde 2002 -como Aguas Argentinas, el Correo y los trenes- no mostraban mejoras y que incluso, en muchos casos, habían sufrido un mayor deterioro en su prestación diaria.
El informe llama la atención, además, sobre tres puntos importantes.
El 80% de los 52 contratos de servicios públicos en manos privadas están sin renegociar desde la crisis de 2002.
Muchas empresas que habían prometido renunciar a las demandas presentadas ante los tribunales internacionales en contra del Argentina sólo suspendieron esos procedimientos. Por caso: Edelap, Camuzzi Internacional; Gas Natural BAN, Telefónica, Edesur y Edenor.
Desde 2002 a 2007, sólo se incorporaron 800.000 usuarios residenciales a la red de gas natural, un crecimiento anual del 3%. A este paso, según Mondino, llevará 30 años sumar a los 4,5 millones de usuarios de garrafas a la red de gas natural.
"Que el Estado tome el servicio no garantizó una mejora para el usuario", dijo Mondino. Y agregó: "Aun con un Estado que interviene más, el modelo de privatización de los 90 está intacto". Y demandó que se estudie una revisión tarifaria integral (RTI) y se redacte un reglamento general de los servicios públicos.
El informe refiere que, de los 52 contratos renegociados, cinco fueron rescindidos, pero cuestiona la calidad de sus servicios: Aguas Argentinas, Correo Argentino y los trenes Belgrano Sur, Roca y San Martín. Los trenes recibieron, hasta agosto de este año, 1570 millones de pesos en subsidios del Estado. A pesar de esto, el informe dice que "el servicio es prestado de manera deficiente, con deplorable estado de la infraestructura ferroviaria, material rodante, vías y estaciones, lo cual torna al servicio altamente riesgoso para el usuario". También hace hincapié en que "resultan sistemáticas las demoras o cancelaciones".
El trabajo va más allá: dice que mantener las tarifas bajas no permitió un mayor acceso de la población de menores recursos al servicio. "La cantidad de usuarios de los trenes disminuyó a un ritmo anual de un millón de personas; pese a que el pasaje se mantuvo, la gente prefirió otros transportes más seguros para trasladarse", agregó Mondino. "Hay que subsidiar el servicio, pero hay que discutir de qué manera se hace en forma transparente".

Cartas que llegan tarde
En el caso de Correo Argentino, concesión que el Estado decidió quitarle durante los primeros años de la presidencia de Néstor Kirchner al grupo Macri por la falta de pago del canon, el informe refiere que, "a pesar del tiempo transcurrido, la calidad en la prestación, fundamentalmente en lo que a distribución de la carta simple se refiere, no observó mejoría alguna". Desde la Defensoría mandaron cartas a particulares de distintas partes del país, que a su vez fueron respondidas. "El 36,84% de las cartas simples que se remitieron desde la Defensoría llegó a destino; pero sólo el 57,14% lo hizo en el plazos fijados por la empresa", dice el informe.
También denuncia que, de las 400 estafetas que cerró el Correo bajo la administración privada, el Estado no ha reabierto ninguna; y que no hay tarifas accesibles para los usuarios de casillas de correo que no tienen otra opción a ese servicio por carecer de reparto domiciliario, entre otras demandas. En cuanto al servicio prestado por Agua y Servicios Argentinos (AySA, ex Aguas Argentinas), denuncia que "subsisten los problemas relacionados con la falta de presión de agua, así como a la falta de extensión de redes de agua y cloacas". El ombusdman reclamó que "los nuevos planes de expansión son recién para 2015".
El caso más urgente respecto de la relación tarifa congelada/cobertura del servicio se da en quienes no tienen acceso a las redes de gas natural y usan garrafas: mientras que las tarifas del gas por red se mantuvieron congeladas, el GLP aumentó en forma considerable, pese a la puesta en marcha de un plan de garrafa social, de precio subsidiado pero difícil de conseguir.
El informe afirma que "faltan inversiones en las redes de transporte y distribución de gas natural", lo que disminuye drásticamente las posibilidades de acceso de la población al servicio.