Dos proyectos que seguramente generarán una intensa polémica ingresarán hoy al Concejo Deliberante: el primero, un pedido de la oposición para que la Justicia investigue la posible comisión de algún delito por parte de los funcionarios a cargo del sistema de potabilización del agua de red; el segundo, una solicitud del Ejecutivo para disponer un nuevo aumento de tasas.
El proyecto de ordenanza que apunta a subir las tasas --según fue acordado anteayer por el intendente Ricardo Moccero y los presidentes de cada bloque del CD-- será elevado a la comisión de Presupuesto, a fin de que pueda ser sometido a votación el 11 de septiembre próximo. De esta forma, en la sesión de esta noche no se prevé debate alguno al respecto, aunque no se descarta que algún edil pueda efectuar alguna consideración.
El proyecto sobre el cual sí se generará un intenso intercambio de opiniones será el presentado por el bloque del Frente para la Victoria-PJ, con el apoyo de la UCR, referido a los cuestionamientos hacia el sistema de potabilización del agua que consumen los suarenses.
La iniciativa básicamente contempla que el Concejo Deliberante pida a la Justicia que intervenga en el caso, analice la documentación municipal y determine si algún funcionario encargado de la potabilización del agua fue negligente en su accionar o incurrió en incumplimiento de sus deberes y, de esta forma, puso en riesgo la salud pública. Puntualmente, el proyecto del FPV-PJ prevé que se inicie una acción legal en la Ayudantía de Fiscal local, a cargo de la doctora Patricia Girard.
"Como el Ejecutivo no quiere hablar más del tema y da el caso por cerrado, es necesario llevar la documentación que tenemos sobre la contaminación del agua a la fiscalía local, a fin de que sea la Justicia la que determine quién fue responsable de ello y establezca si hubo negligencia de algunos funcionarios", señaló el edil radical Guillermo Sol.
Aclaró además que, si el oficialismo impone el voto negativo al proyecto con el doble voto del presidente del CD Daniel Muschong, tanto él como el concejal Héctor Dalmau --titular del bloque del FPV-PJ-- harán la presentación judicial en forma personal, acompañados por los integrantes de sus respectivas bancadas.
"Será la Justicia la que determine si el agua que consumimos es apta o no, y si el servicio que se brinda desde el municipio es eficaz o no", indicó Sol.
La bancada radical también insistirá con el proyecto que prevé solicitar la intervención del Organismo de Control del Agua de Buenos Aires (OCABA) como ente de contralor bacteriológico y fisicoquímico.
Además, propondrá que se pida al OCABA la firma de un convenio para llevar adelante un plan integral de obras, con el objetivo de optimizar el sistema de potabilización.
Los ediles opositores están disconformes porque el tanque de agua no fue limpiado, como se aseguró semanas atrás.
También les preocupa que, mientras la comuna asegura que el agua de red es potable, en documentos oficiales se observa que en algunas de las muestras tomadas en los últimos tiempos el nivel de cloro es del 0%, mientras que en otras supera el nivel permitido.
"Hemos entrado en una instancia de tal desconcierto --aseguró Sol-- que se superan los índices de cloración con tal de cubrir las espaldas de los funcionarios, y eso tampoco es bueno".
Según los informes oficiales --confeccionados a partir de datos suministrados por el departamento de Bromatología, a cargo de Susana Lapenta--, 31 muestras de agua se tomaron entre el 28 de julio y el 15 de este mes.
Allí constan que el 1 de este mes, en Pueblo Santa María, se detectó que no había cloro libre en red. Ese mismo hecho se repitió, en la misma población y en el barrio Los Manantiales, 13 días después.
En el resto de las muestras tomadas, el cloro libre nunca fue inferior a los 0,10 miligramos por litro.