Por todo lo que implica en el mundo la dramática escasez del agua disponible, es comprensible que se exalten los ánimos y se mantengan vivos enfrentamientos y disputas. En ese contexto se inserta el centenario conflicto con La Pampa por las aguas del río Atuel y en particular el acuerdo firmado ante la presidenta de la Nación, aquí en Mendoza, por los gobernadores de ambas provincias ribereñas.
En 1987, la Corte Suprema de Justicia recibió las respectivas demandas por los usos del agua del Río Atuel. La Pampa plantea que el aprovechamiento agrícola e hidroeléctrico aguas arriba en Mendoza, ha convertido en un lecho seco a tal río, al llegar al desierto del sureste mendocino y el noroeste pampeano.
Mendoza demostró en la mesa de la Corte, lo que varias generaciones han hecho en siglos aguas arriba del río: en torno del Atuel viven y producen más de 200.000 habitantes, que en San Rafael y General Alvear cultivan e industrializaban unas 132.000 hectáreas -prioritariamente de viñedos y frutas y su industrialización en bodegas y conserveras- varias industrias electrointensivas y mineras.
Turismo. Los diques generan un potencial hidroeléctrico. El oasis sur mendocino es el escenario de un tercio de la riqueza de toda la provincia.
En su fallo, la Corte resguardó la riqueza elaborada aguas arriba y dictaminó que el río era interprovincial. Los magistrados le reconocieron a Mendoza el derecho prioritario de regar y sostener la riqueza construida: 76.000 hectáreas en producción que tienen derecho a riego, sin perjuicio del uso no consumativo en la generación de hidroelectricidad.
Según el Departamento de Irrigación actualmente se riegan alrededor de 56.000 has de las 76.000 que tienen derecho efectivo a riego.
Los técnicos coinciden no obstante, en que el problema se agrava por la muy pobre eficiencia de la infraestructura de distribución: la mayor parte de la red de riego del oasis sur todavía es de canales de arena de tiempos inmemoriales. Sólo 10 o 12% de la red total de canales de riego está impermeabilizada (35% si se consideran sólo los primarios).
En esa vieja red se insumen casi 7 de cada 10 litros que se lanzan a los cauces. Se “pierde” agua de superficie y se salinizan los suelos. Un primerísimo propósito de una política en este sentido debe estar ligada, primero, a la renovación de la red de distribución del recurso escaso, porque es lo que asegurará el buen uso, su preservación y por ende su contribución en futuros mejores caudales.
El Gobierno provincial se manifiesta dispuesto a discutir correcciones al convenio suscripto, ante la serie de objeciones que recibió de los sectores involucrados, fundamentalmente en la Legislatura. En realidad, el acuerdo debió haber tenido un proceso previo de preparación, con la anticipada participación de técnicos, juristas y de la comunidad involucrada en el destino del río.
Lo conocido -prácticamente horas antes de la firma- plantea varias dudas y puntos grises que explican las críticas al procedimiento y el debate en torno de sus verdaderos propósitos.
Es una vieja aspiración provincial impermeabilizar la red de canales primarios, secundarios y los más importantes de los terciarios (hijuelas), junto con un ambicioso plan para producir -tranqueras adentro- una impostergable modernización de los sistemas internos de riego.
De manera que, si la intención es aprovechar cada gota del río y mejorar la eficiencia de su uso, el primer paso concreto debe ser la ejecución del plan de obras de mejora de la red y de renovación de los sistemas de riego interno.
Es decir, asegurado el riego de la riqueza reconocida por la Corte; realizadas las obras de mejora y por ende, conseguida la eficiencia del recurso, la instancia siguiente sería compartir los remanentes del ahorro que se consiga con la inversión prometida.
La aprobación legislativa del acuerdo exige precisar las partes confusas del mismo, para evitar dudas o segundas interpretaciones de las partes.
Es fundamental asegurar el compromiso de la inversión y la realización efectiva de las obras de impermeabilización en la red de canales. Esto, junto con la misión de ayudar a los productores tranqueras adentro para que renueven sus viejos métodos de riego a manto.
Es en función de este antiguo propósito y del imprescindible proceso de debate que Mendoza debiera perfeccionar el acuerdo y la política pensada con la participación de todos los involucrados.
El destino de Mendoza depende del agua escasa, de embalsar sus ríos, renovar sus canales y regar en las fincas con métodos modernos.
Esta debe ser una política de Estado, una cruzada vital y participativa de la Provincia, lejos de las improvisaciones y los usos políticos.

Foto: Archivo Programa Infoagua