Los representantes vecinales y de organizaciones no gubernamentales que integran la Red del Este por el Agua iniciarán acciones legales debido a la contaminación que provoca el volcamiento de líquidos cloacales en el cauce del río Suquía.
La Red del Este está compuesta por vecinos de los barrios Chacra de la Merced, Villa La Merced, Cooperativa Unidos y Corazón de María, todos ubicados aguas abajo de la planta depuradora de líquidos cloacales de Bajo Grande. También participan instituciones de la zona y organizaciones no gubernamentales.
La red conformaba desde 2004 la comisión de seguimiento de las obras de ampliación de Bajo Grande, junto con la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Provincia, los Colegios de Ingenieros y Arquitectos, la Universidad Nacional de Córdoba y la Municipalidad, entre otros.
En el marco de esa comisión, se había decidido una serie de medidas de mitigación de los efectos de los vertidos que realiza la desbordada planta en el río Suquía, y sus consecuencias sobre la población que vive aguas abajo.
Sin embargo, la Red del Este se retiró de la comisión, ya que la mitigación se llevó a cabo a medias, pese a las reuniones que se realizaron en los últimos cuatro años. Pero la gota que colmó el vaso fueron los 30 días en los que Bajo Grande se quedó sin cloro y arrojó al río el líquido cloacal que producen todas las conexiones de la ciudad sin tratamiento químico.
“Pedimos que declararan área de emergencia sanitaria a toda la zona, y no nos dieron bolilla”, indicó María Esther Weth, vecina de Chacra de la Merced y miembro de la red.
Medida judicial. “Desde el diálogo y la gestión, hemos venido caminando desde 2004 sin encontrar garantías, por lo cual creemos que es ante el Poder Judicial y la opinión pública adonde debemos dirigir nuestro reclamo y quienes diriman esta situación”, expresa la nota mediante la cual los miembros de la red anunciaban su retiro de la comisión.
“Nosotros formamos parte de una comunidad unida que hoy está más fuerte que nunca, decidida a luchar por sus derechos, que han sido manipulados por un conjunto de funcionarios ineptos e incapaces de asumir su responsabilidad”, se agrega en otro fragmento.
La destinataria de la medida judicial, según adelantaron desde la red, serían la Municipalidad de Córdoba y la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Provincia, por incumplimiento de una sentencia judicial previa que obligaba a mitigar los volcamientos de líquidos cloacales en el río.
Por su parte, el subsecretario de Ambiente de la Municipalidad, Fernando Cámara, afirmó que la obra de Bajo Grande apunta a solucionar la situación que viven los barrios del este. “Las obras se hicieron al revés, lamentablemente nos toca a nosotros hacer todas las cirugías juntas”, manifestó. Cámara también aseguró que el municipio hace controles ambientales “fuertes” sobre la planta.
Pese a esos “controles”, la contaminación del agua del Suquía es apreciable a simple vista. Y Recursos Hídricos, que tiene el poder de policía sobre el curso de agua, sólo lo aplica cuando las relaciones políticas entre la Provincia y el municipio se lo permiten.