Tras la polémica firma del inicio de obra del dique El Bolsón, que realizó la Presidenta en la localidad santiagueña de Frías sin convocar al gobernador catamarqueño, la Provincia anunció que comenzará el lunes un revelamiento de las parcelas que se afectarán a partir de la construcción del embalse que se emplazará en el departamento El Alto.
Según se informó, el lunes partirá una comisión técnica integrada por personal de Catastro, Fiscalía de Estado y la Secretaría del Agua y del Ambiente hacia el este provincial para iniciar el revelamiento que, según se preocuparon en destacar desde Catastro, "es netamente técnico".
La intención es realizar un relevamiento de las parcelas que se afectarán a partir de la construcción del embalse y constatar si existen viviendas, pobladores o emprendimientos productivos en la zona y determinar quiénes son los dueños de esos terrenos. "Queremos arreglar en los registros catastrales algunas anormalidades que puedan existir" indicó Raúl Blas, administrador de Catastro de la provincia. Seguramente habrá que realizar expropiaciones de algunas hectáreas.
La presencia de técnicos de la Secretaría del Agua y del Ambiente guarda relación con la necesidad de recabar datos para evaluar el informe de impacto ambiental, requisito esencial para que se ponga en marcha un emprendimiento de esta envergadura.
Aunque la obra -el embalse y un acueducto de 127 km- será realizada por la Nación, ese informe debe ser presentado en la Provincia y evaluado por las autoridades locales, puesto que todos los recursos naturales involucrados en la obra pertenecen al territorio provincial.
La firma del contrato de inicio de la obra del embalse El Bolsón, que se concretó el viernes 22 de agosto en Frías causó malestar en el Gobierno local por la marginación del Ejecutivo: ni el Gobernador, ni el ministro de Obras Públicas ni los intendentes de los dos departamentos -El Alto y La Paz- que se verán beneficiados con la obra fueron convocados a la firma del contrato. De hecho, en ese concreto, que rubricó un funcionario del Ministerio de Planificación de la Nación y el representante de la empresa adjudicataria (Decavial), falta la firma de las autoridades catamarqueñas.
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