El Defensor del Pueblo inició investigaciones sobre contaminación por mercurio en el río Beni -donde la polución afecta a los habitantes de esa zona, en particular a los Ese Ejja- y tiene en curso un trabajo similar acerca de la contaminación acumulativa del río Pilcomayo.
Según Waldo Albarracin, primera autoridad de esta instancia, el citado trabajo se realiza en el marco de materias de especial protección como los derechos humanos de los pueblos indígenas y comunidades campesinas.
Entre otras iniciativas para los pueblos indígenas y comunidades campesinas, la institución social, realizó una investigación sobre el estado de situación del pueblo Yuqui. El estudio, realizado con el Gobierno, estableció la posibilidad de desaparición física de este pueblo.
A partir de las recomendaciones defensoriales se conformó una comisión interinstitucional que defina, en coordinación con organizaciones indígenas de tierras bajas, una política pública para pueblos vulnerables y no contactados, dijo.

LEY DE RECONDUCCIÓN DE REFORMA AGRARIA
Asimismo, participó de la comisión que elaboró la Ley de Reconducción de Reforma Agraria y aportó en la formulación de su reglamento con puntos como la obligación de denuncia en casos de servidumbre y empatronamiento, y la pérdida del derecho propietario a causa de dichas prácticas.
También buscó la restitución de derechos a partir del seguimiento e investigación de casos específicos como los conflictos entre indígenas y campesinos por el saneamiento de Tierras Comunitarias de Origen (TCO) de La Paz, Tarija y Santa Cruz.
Realizó el primer estudio en el país sobre la aplicación del derecho de consulta previa e informada a los pueblos indígenas en el sector de hidrocarburos, establecido por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

OTRAS TAREAS
Produjo materiales de difusión pública y análisis sobre el Derecho de acceso a la justicia y justicia comunitaria; análisis y debate con organizaciones indígenas y organizaciones de la sociedad civil para identificar mecanismos de coordinación y compatibilización entre justicia formal y comunitaria en el marco de las reformas constitucionales; y capacitación al personal defensorial sobre cómo procesar quejas y conflictos relativos al sistema jurídico indígena.
Finalmente hizo seguimiento a la investigación sobre servidumbre y empatronamiento de familias guaraníes en el Chaco boliviano (gestión 2005). De las 12 recomendaciones defensoriales, un 70 por ciento fue cumplido por las instancias interpeladas, se informó.