El fiscal de Ciudad de la Costa, Gilberto Rodríguez Olivar, pidió a la Justicia que suspenda la actividad de la planta de Pinar Norte donde las barométricas descargan el contenido de todos los pozos negros del departamento y obligue a la Intendencia de Canelones y al Ministerio de Vivienda a reinstalarla, dijeron a El Observador fuentes judiciales.
En una demanda presentada contra la comuna, el fiscal responsabilizó a esa planta por la contaminación ambiental y los olores fétidos que los vecinos del lugar deben soportar. Las instalaciones cuestionadas están ubicadas en el camino Eduardo Pérez, a 1.000 metros de la Interbalnearia.
En su demanda, Rodríguez Olivar planteó que las piletas están fabricadas para determinada cantidad de metros cúbicos pero reciben el triple. Además, sostuvo que si bien las únicas autorizadas a verter los efluentes domiciliarios son las barométricas de Canelones, también llegan camiones provenientes de Montevideo.
El juicio fue iniciado hace diez días ante el juzgado civil de quinto turno de Ciudad de la Costa. Antes el fiscal había planteado una serie de medidas preparatorias, entre las que intimó al Ministerio de Vivienda para que informara del funcionamiento de las piletas.
Cuando se instaló en 1993 la planta era gestionada por el Mvotma. El ex intendente Tabaré Hackenbruch la entregó en concesión a la asociación de barométricas pero el actual jefe comunal, Marcos Carámbula, volvió a municipalizarla.
La demanda no pretende una sanción económica sino la obligación de “dejar de contaminar”. Si la Justicia hace lugar al reclamo del fiscal obligará a la Intendencia a dejar de verter los efluentes en esas piletas.

Intereses difusos.
Al igual que lo ha hecho hasta ahora el fiscal civil Enrique Viana, conocido como “el fiscal verde”, su colega Rodríguez funda su actuación en que el Código General del Proceso les permite al Ministerio Público actuar en defensa de los intereses difusos de la población. Allí entra la protección del medio ambiente.
Además el artículo 47 de la Constitución ordena a proteger el medio ambiente como recurso natural esencial para la vida. A partir de la reforma constitucional de 1997, se incluyó un artículo que establece la protección ambiental como de interés general.

Intendencia condenada.
El fiscal Rodríguez solicitó como prueba que se agregue un expediente de un juzgado de lo Contencioso Administrativo en el que se condenó a la Intendencia de Canelones a pagar dos millones de pesos a un grupo de vecinos de la zona. La sentencia fue emitida en ese sentido por el daño ambiental ocasionado, dijo a El Observador el abogado César Masina, representante legal de los 24 vecinos que enjuiciaron a la Intendencia canaria.
Ese fallo fue confirmado por un tribunal en segunda instancia y por la Suprema Corte de Justicia en última instancia, pero aún permanece abierto. La Corte condenó ademas a la Intendencia con costas y costos por la mala conducta procesal.
Masina explicó que actualmente la Intendencia debe otros dos millones de pesos de intereses por no haber pagado en fecha. El fallo por el que se intimó a la Intendencia a pagar la indemnización a los vecinos es de octubre de 2002, pero recién comenzó a pagar en 2003 y terminó de hacerlo en noviembre de 2006”, dijo.
Esa demora en saldar la deuda ha generado intereses. Sin embargo, el abogado señaló que un contador de la Intendencia le dijo que tienen “por costumbre no pagar intereses”. Además “esta administración progresista ha aprobado normas interpretativas por las que las cuentas de la Intendencia son inembargables lo que le da impunidad tributaria”, se quejó Masina.

Valor inmobiliario.
Además de los daños ambientales, los vecinos de El Pinar sostienen que sus casas se han desvalorizado.
Según pudo saber El Observador actualmente hay un nuevo grupo de vecinos que prepara una segunda demanda contra la Intendencia.
Masina dijo también que la comuna se mantiene omisa en los controles que debe realizar y que, si bien existe un horario para verter los efluentes, “los camiones llegan los sábados y domingos e incluso si no pueden vaciar en las piletas lo hacen en las cunetas del camino. Eso es tierra de nadie”, aseguró.

Hay 450.000 personas sin saneamiento
De las 500.000 personas que viven en Ciudad de la Costa solo el 10% posee saneamiento, por lo que en las piletas de Pinar Norte se vierten los efluvios domiciliarios de 450.000 personas. Por día 130 camiones descargan en la planta más de un millón de efluentes. Cada camión cisterna puede cargar 10.000 litros. En octubre pasado la Intendencia de Canelones realizó obras de reparación en la planta que llevaron a reducir el horario de descarga, lo que generó desborde en los pozos negros.