En los últimos años Sameep fue desfinanciada y desinvertida y tuvo que mantener sus prestaciones sin disponer de recursos para mejorar sus servicios.
Así lo señaló Dante Moreira, de la gerencia comercial administrativa de la empresa provincial. El funcionario sostuvo que existe el compromiso de “reorganizar y recuperar los servicios para los usuarios con un ambicioso plan de obras”.
Mientras consideró que “Sameep hace hoy lo que no se hizo en más de diez años”, Moreira aseguró que producto del desfinanciamiento y la falta de inversión, la empresa “tuvo que mantener sus prestaciones sin disponer de recursos para mejorar sus servicios, ampliar sus redes, refaccionar sus instalaciones o renovar sus equipos, debido a una política de congelamiento de sus ingresos y subsidios que alcanzaba para mantener al día magras remuneraciones del personal”.
Observó que el desfinanciamiento “provocó la falta de modernización de sus plantas productoras o potabilizadoras y de sus instalaciones sanitarias, que hacia fines de 2007 estuvieron casi colapsadas”; y que como consecuencia del desmantelamiento de los planteles de personal de obra y un parque automotor obsoleto, “la atención diaria de los reclamos llegaron a atenderse con una demora de cincuenta y cuatro días”.
Los proyectos
Sobre las actividades que vienen cumpliendo en Sáenz Peña, Dante Moreira detalló que “se están elaborando cada uno de los proyectos del plan de cerramientos de redes de agua para los barrios, y un ambicioso plan de cloacas que prácticamente cierre las 4 avenidas con éste vital servicio del que hoy carece gran parte de la ciudad”.
“A estas obras habría que haberlas hecho hace más de diez años y nadie se acordó”, recriminó el funcionario para remarcar que “la mayoría de los angustiantes dramas que hoy nos azotan son producto de más de 12 años de desidia, y un claro ejemplo de ello es que la última obra que se llevó a cabo es la planta potabilizadora en 1991”.
Reajuste de tarifas
“Desde 2008, después de nueve años en que las tarifas se mantuvieron congeladas, se actualizaron parámetros del régimen tarifario vigente relacionados con las características de la edificación, la categoría de la ubicación en zona urbana y componentes de costos que tuvieron como objetivo corregir un esquema tarifario injusto que favorecía a los consumidores más acomodados en perjuicio de los sectores medios y populares de menores recursos”, explicó Moreira.
Amplió que la denominada Tarifa Social logró “un ajuste de variables componentes del algoritmo utilizado para la determinación de precios y equipararon las tarifas para los consumos familiares tanto en el servicio medido como en el servicio a tasa básica”, lo que originó que “los montos facturados en consumos económicos bajaran y que importes facturados en consumos medidos se incrementaran”.
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