¿Cómo está el aire cerca del puerto? El inspector del CTE Walter Echegoyen busca la respuesta con un cromatógrafo portátil de origen canadiense.
Veinte faltas, la mayoría por olores y emisión de gases tóxicos, fueron constatadas por el Comité Técnico Ejecutivo (CTE), entre el 16 de enero y el 7 de julio de este año.
Los casos, que se tramitan en la Dirección Provincial de Gestión Jurídica, involucran a Cargill y PBB-Polisur (5 cada uno), Petrobras (4), Central Termoeléctrica Luis Piedra Buena y Solvay-Indupa (2); TGS y Air Liquide Argentina (1).
Con posterioridad, inspectores municipales advirtieron nuevas infracciones en Solvay-Indupa, PBB y Petrobras.
Desde febrero de 2005 a la fecha, el CTE impulsó más de 100 actas, de las cuales sólo una terminó en multa: 2.293,90 pesos, que deberá pagar Profertil.

* Destino de los expedientes
El camino por las oficinas se inició desde el citado comité de control, siguió por el Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible (OPDS), donde se reunieron los informes técnicos sobre la contaminación gaseosa, y culminó en el área jurídica.
Tras los descargos de las empresas y, de comprobarse la infracción, llegará la sentencia condenatoria, que podrá ser apelada ante los tribunales bonaerenses. Entonces, el fallo quedará supeditado a los tiempos de la justicia.
En los casos de efluentes líquidos, la que toma intervención es la Autoridad del Agua.
El bahiense Eduardo Conghos, director del OPDS, asegura que se busca acelerar el procedimiento y eliminar pasos burocráticos. También, que hay violaciones, como en el caso de los olores, que cuesta demostrar, porque se requiere instrumental que mida partes por billón en el momento en que se produce el escape, y que no tiene la Provincia. Por eso, durante mucho tiempo, las compañías se ampararon en la falta de pruebas.
A partir de una acción impulsada contra Petrobras, en mayo del año último, cuando aún era funcionario comunal, Conghos dice que se cambió el criterio que sostenía que, sin medición, no había multas.
"Fundamentamos jurídicamente por qué debía seguir la causa y pudimos lograr que las denuncias, las inspecciones del personal del CTE y las coincidencias sobre alguna falla en el funcionamiento de una planta se tomen como presunciones concordantes. Nuestro razonamiento --concluye Conghos-- es que todo eso alcanza para culpar a la empresa infractora".

* ¿Son blandas las leyes?
"No sé si llamarlas blandas --señala el licenciado en química Sergio Montero, desde diciembre de 2007 subsecretario municipal de Gestión Ambiental--. Creo que son distintas a las de otros países, pero no podemos saltar por encima de los organismos provinciales o nacionales, porque hay facultades que no les están delegadas a las comunas. Ponemos mucho esmero en la fiscalización, en el control y en la elevación de los expedientes".
La pena máxima para una planta es su clausura y esa determinación, según advierte Montero, puede ser asumida desde la Municipalidad de acuerdo con el tipo y la magnitud del incidente. Este año, por ejemplo, se tomó tal decisión ante roturas de ductos y derrames en Petrobras. Además, a Solvay-Indupa se le dieron 48 horas para que corrigiera los niveles de sus efluentes líquidos al estuario.
"No podemos clausurar sin fundamentos, porque esa decisión tiene un proceso posterior que los entes provinciales o nacionales deben convalidar. Para que los procedimientos prosperen, tenemos que ser muy puntuales y respetuosos del contenido de las normas", agrega Montero.
Respecto de los incidentes registrados entre julio y este mes, los atribuye, en buena parte, a las extensas paradas de planta, como las de Solvay o Dow Argentina.
"La reanudación de las actividades suscita inconvenientes. Nosotros ejercemos los controles correspondientes y, si las cosas no están como deben, se impulsan las acciones necesarias, pero preferimos hacer menos actas y que la operación se vuelva óptima".
Oscar Streitenberger, secretario de Salud y Medio Ambiente del Sindicato de Personal de Industrias Químicas, Petroquímicas y Afines, sostiene que se necesitan inversiones para perfeccionar los sistemas de las plantas y que los últimos sucesos muestran que se han relajado los controles de seguridad.
"Se perdieron de vista pautas clave de las empresas, la producción aumentó, se intensificaron las operaciones, se redujo la cantidad de personal y se instalaron sistemas electrónicos. Hay un montón de novedades en materia de seguridad para proteger la salud y el medio ambiente. Creo que en eso están las compañías. El quiebre, en este aspecto, sucedió después de la nube de cloro de agosto de 2000", recuerda el gremialista.

* ¿Sirven todos esos esfuerzos?
Las preguntas, cada tanto, vuelven a multiplicarse; sobre todo, al evocar agosto de 2000, cuando una nube amarilla amenazó a Ingeniero White por una fuga de cloro en una cañería de Solvay-Indupa. El viento desvió esa nube tóxica hacia zonas despobladas. Ocho días después, hubo escapes de amoníaco en Profertil y evacuaciones en la zona portuaria.
Tras ambas emergencias, surgieron el Comité de Control y Monitoreo (CCyM) y el Comité Técnico Ejecutivo. El sistema pasó a ser sostenido económicamente por la tasa Ambiental, que abonan las empresas como contraprestación por el servicio de vigilancia de la calidad ambiental.
Desde entonces, la fiscalización, el control cotidiano, la constatación de infracciones y multas son responsabilidades que asume el municipio; la habilitación y las sanciones, la Provincia.
Se insiste en que es tiempo de aprender a convivir con el Polo Petroquímico. De allí la necesidad de dimensionar todo lo que implica convivir. Por eso, más allá de los controles, de las infracciones y de los tiempos de la justicia, a sabiendas de la magnitud de los riesgos que implican las industrias y de la incidencia de estas en la vida económica de la ciudad, cumplir con las leyes debe ser una cuestión de conciencia.
Ricardo Aure

Más y mejor.
Sergio Montero afirma que, en lo que va del año, se han cumplido auditorías muy completas en las plantas; incluso, superando los esquemas de 2007. Dice que se han establecido tanto deficiencias como aspectos positivos, pero, sobre todo, destaca que el personal del CTE está cada vez más capacitado y equipado.

Trabas con los efluentes líquidos
Para que los expedientes iniciados por contaminación generada por efluentes líquidos puedan terminar en sanciones, es preciso trabajar en forma conjunta con la Autoridad del Agua.
El ingeniero Fernando Rey Saravia, coordinador del CTE desde hace tres años, recuerda que se buscó un convenio por el cual el ente comunal logre mayores facultades frente a las empresas. Al principio, se admitió, pero dice que ahora está trabado.
--¿Por qué?
--Cuesta aceptar que un organismo municipal tenga más posibilidades de controlar que uno que aún está fuertemente centralizado en la Provincia. De todos modos, creo que, finalmente, los acuerdos que están escritos y visados por las áreas legales serán refrendados por la Autoridad del Agua.
--¿Cómo están las actas por infracciones?
--Como frenadas. Para constatar los incidentes, tienen que venir desde la Autoridad del Agua y, como llegan a destiempo, no encuentran nada.
--¿Cuándo se dictamina una clausura?
--Ante la reiteración de actas, se aumentan las multas y hasta es posible llegar a la clausura del efluente que puede, o no, derivar, también, en la clausura de la planta, hasta que se corrija el problema.
--Desde que está al frente del CTE, ¿cuántas clausuras se concretaron?
--Los ductos de Petrobras. Pero, en los últimos tiempos, creció nuestra capacidad e intensidad de monitoreo. Si la empresa no cumplió con la ley, lo notificamos y se lo decimos a la comunidad.
--Parece que todo eso no queda reflejado en el resultado final.
--Hay que lograr que también prosperen las actas. De lo contrario, sólo le diremos a la gente lo que pasa y nada más. Por eso necesitamos que la Autoridad del Agua y el OPDS nos ayuden.