Tanto Gareto como Pedro Apaolaza, titular de Carbap, consideraron que el productor no va a tener recursos para pagar los impuestos, así que es conveniente que se declare la emergencia y desastre nacional.
“Muchos productores no tienen para solventar la próxima cosecha ni para darles de comer a sus hijos”, dijo Gareto.
Apaolaza adelantó que en la provincia de Buenos Aires se trabaja en conseguir ese estado en cada distrito para que después sea homologado a nivel nacional.
Los dirigentes sostuvieron que la suspensión o eliminación de las retenciones “debe estar en la mesa de las discusiones”.
Gareto reclamó la apertura de las exportaciones para la vaca conserva por la mortandad en los campos: “Si no hay producción, el productor tampoco va a poder pagar los impuestos”.
“Ojalá que podamos encontrar de parte del Gobierno ese espacio para debatir”, dijo al considerar que se necesitan medidas de financiamiento para capital de trabajo, entre otros. “La recaudación la va a perder igual porque se cayó la producción”, sostuvo.

RECLAMO. Una estimación de las pérdidas por sequía que dio a conocer Carlos Etchepare, analista granario, calculó una pérdida global de 5.332 millones de dólares respecto del valor total de la producción.
Por las retenciones, el total que dejan de percibir los productores son 6.622 millones de dólares, parte de los cuales serán para el Estado y otro para favorecer a la industria y eventualmente el consumo.
El reclamo del campo pasa por conseguir fondos, porque según Apaolaza hay un proyecto de ley en ese sentido que duerme hace dos o tres años en el Parlamento y que nadie se atreve a tratar”.