En noviembre del año pasado la Presidenta vetó una ley aprobada por unanimidad un mes antes por el Congreso. Se trataba de una excelente norma que establecía la protección de los glaciares y periglaciares -es decir, también del entorno de esas formaciones naturales-, y que prohibía las actividades industriales o mineras que pudieran afectarlos.
Al vetar la ley el Poder Ejecutivo manifestó que ya existía legislación, como la ley general del ambiente (25.675), y que el Gobierno había tomado medidas respecto de la cuestión ambiental. Funcionarios del Gobierno admitieron entonces que la principal razón de la expulsión de la secretaria de Ambiente, Romina Picolotti, fue su impulso a esa ley, que defendía los hielos cordilleranos, donde nacen los cursos de agua.
El veto presidencial sorprendió debido al apoyo absoluto con que contó el proyecto en el Congreso -uno de los impulsores fueron Miguel Bonasso y Daniel Filmus, diputado y senador de procedencia kirchnerista, respectivamente-, y pronto se habló del "veto Barrick", por la multinacional minera Barrick Gold Corporation. Desde 2001, Barrick procura concretar un proyecto mucho más ambicioso: la explotación de un yacimiento más grande, el de Pascua Lama, a 5000 metros de altura en la Cordillera, a caballo de San Juan y de Chile. Una de las críticas al emprendimiento proveniente de entidades ambientalistas de los dos países se basa en el peligro que podrían correr tres glaciares chilenos y la zona periglaciar, aunque Barrick se comprometió a proteger los hielos.
Semanas atrás, Peter Munk, máxima autoridad de Barrick, visitó por una hora a la presidenta Cristina Kirchner y, poco después, a la presidenta de Chile, Michelle Bachelet. Las visitas de Munk pusieron fin a una falta de acuerdo entre los dos países por los aspectos impositivos, último escollo para poner en marcha la mina. Barrick invertiría 3000 millones de dólares en ese complejo.
El texto del veto cuestiona que la ley "no puede limitarse a la absoluta prohibición de actividades", y admite que "gobernadores de la zona cordillerana han manifestado su preocupación" porque afectaría inversiones y puestos de trabajo.
Es de suponer que tanto la Argentina como Chile han realizado con independencia y profundidad los estudios ambientales sobre el impacto que tendrá la explotación de oro, que emplea cianuro y abundantes cantidades de agua. El senador radical santacruceño y vicepresidente de la Comisión de Minería del Senado, Alfredo Martínez, elogió la cuantiosa inversión que realizará Barrick, pero aseguró que es preciso conocer "el impacto que va a tener en torno a los glaciares y periglaciares" de la Cordillera.
Llama la atención la actitud del gobierno argentino, porque una de las razones del veto presidencial fue la necesidad de buscar consenso en torno al tema de la protección de los glaciares, cuando ese consenso ya existía y quedó de manifiesto al aprobar el Congreso la ley por unanimidad. La casi coincidencia del veto con la aprobación del proyecto de Pascua Lama se presta a suspicacias.