Un gran número de vecinos de Dina Huapi y organizaciones sociales de la región, reclamaron la intervención del CODEMA por las obras de dragado del río Ñirihuau a la altura de su desembocadura.
Las obras tendrían como fin la reparación del puente y son de vital importancia para toda la comunidad y turistas que llegan a la región, sin embargo los vecinos reclaman acerca de la real necesidad de remover 20.000 m3 de ripio y arena a lo largo de la costa cercana a la desembocadura y los efectos ambientales que esta actividad provocaría.
Por otro lado, se desconoce si estas acciones forman parte del cobro de la empresa adjudicataria de las obras, Codistel. Estas y otras dudas deben ser esclarecidas para la población y para las mismas autoridades municipales de Dina Huapi que carecerían, al parecer, de toda la información disponible.
Por ello, la Legisladora del ARI, Magdalena Odarda, presentará pedido de informes a la mayor brevedad a las autoridades ambientales competentes, según adelantó.
“Por otro lado, al no existir un Estudio de Impacto Ambiental que evalúe la necesidad, conveniencia y los costes e impactos ambientales resultantes de la obra, estamos ante la ausencia de parámetros técnicos desde el punto de vista ambiental que permitan encarar cualquier obra en el complejo sistema ecológico que representa la zona de esta desembocadura, dijo Odarda.
“Grave resulta ya la tala de especies arbóreas de las costas las que constituyen una protección que evita la erosión de las mismas, además de brindar un servicio inestimable para los vecinos que disfrutan de estos lugares en el verano”, agregó.
Opinó que “Ante esta situación alertada por los vecinos y organizaciones que mereció, además, la sanción del Servicio Forestal Andino por la tala sin permiso previo, se considera imprescindible la intervención inmediata del CODEMA –Consejo de Ecología y Medio Ambiente- y la aplicación de la normativa existente”.
“Sin lugar a dudas el puente sobre el río Ñirihuau es una necesidad que no está en discusión, pero las autoridades provinciales responsables, deberán evaluar junto con la población la necesidad de este, en principio, desmedido movimiento hidráulico”, explicó.
La legisladora dijo que “Además, la ciudadanía deberá estar prevenida ante la posibilidad de que cualquier obra que se realice favorezca a algún proyecto inmobiliario que pretenda la apropiación privada de las costas tanto de ríos y lagos, vulnerando de este modo el derecho público al acceso de las mismas para su disfrute”.
Por todo lo expuesto, Odarda requirió la urgente intervención del CODEMA y la aplicación de la legislación vigente, y acompaña a los vecinos y organizaciones en sus denuncias poniéndose a disposición de los mismos.