Una más que justificada inquietud y, al mismo tiempo, un urgente impulso de políticas acordes a la gravedad del problema merecen las denuncias que, acerca de la denominada "voladura de campos" en algunos partidos del sudoeste bonaerense, causadas por la prolongada sequía que sufre la zona, formularon ante este diario directivos de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa.
La inclemencia climática se ha convertido en un nuevo factor que acelera y por lo tanto agrava el largo proceso de desertificación que viene sufriendo nuestra Provincia, lo que implica la pérdida de tierras fértiles y los subsiguientes perjuicios para el patrimonio agropecuario.
Decrecimiento ostensible de los rodeos de hacienda, dramática reducción de las áreas sembradas de trigo, productores sometidos tanto a los embates de la naturaleza como a los resultados de erróneas políticas por parte del Gobierno nacional, maquinaria rural paralizada, forman parte del lamentable panorama rural.
En el caso de la desertificación, ella se advierte sobre todo en campos de de Puán, Villarino, Villalonga, Stroeder y Carmen de Patagones, por la extrema sequía que castiga a la zona desde hace mas de cuatro años y que se agravó durante los últimos dos años. Esto hace que el fantasma de la desocupación ronde sobre el trabajador rural, esfumándose el trabajo colonizador de miles de familias, según se señaló.
Sabido es que en nuestro país, a raíz de distintos procesos y grados de erosión de los suelos, el proceso de desertificación avanza a razón de 560 mil hectáreas por año, lo que se traduce por lo pronto en pérdidas económicas y sociales de enorme magnitud, especialmente en un país de características agrícola-ganaderas como lo es la Argentina.
En el caso de nuestra Provincia, la irrupción climática de los ciclos secos, más la degradación de la tierra derivada de la sobreexplotación de la que fue objeto durante el último ciclo húmedo, se conjugaron en la situación que se vive por estos días en numerosos distritos bonaerenses, castigados por sequías pocas veces registradas en la historia. A ello se debe sumar la inexplicable ausencia de un Estado que debió, hace ya largo tiempo, reaccionar a favor de una actividad que, como la agropecuaria, es primordial para la vida económica del país.
La degradación del suelo constituye, sin dudas, un gravísimo problema que las autoridades de nuestro país, tanto nacionales como provinciales y municipales, debieran reconocer y, desde luego, enfrentar. El sector público junto a diferentes actores de la sociedad civil deberían acordar y poner en ejecución planificaciones ambientales que resulten tan persistentes como eficaces. No faltan para ello especialistas de probada capacidad que pueden aportar conclusiones actualizadas.
No se carece tampoco de planes de acción ya experimentados, que pese a sus limitados campos de aplicación han demostrado ser valiosos para detener una progresiva degradación del suelo, cuyo efecto se traduce no sólo en generar cuantiosas pérdidas económicas sino en proyectar hacia el futuro una amenaza cierta para la calidad de vida de las generaciones venideras.