El presidente del Ente Regulador de Servicios Públicos (ENRESP), Armando Isasmendi, consideró que el organismo debe seguir controlando el servicio de agua, que pasó de estar concesionado a una empresa privada a una sociedad anónima con participación mayoritaria del Estado.
Además, entendió que se debe seguir cobrando la tasa de fiscalización del 2% que el ENRESP le cobra a los usuarios por la regulación del servicio.
Que el organismo dejara de fiscalizar el agua y de percibir una tasa por su control mientras fuera el estado el que administra el sistema, había sido un reclamo del diputado justicialista Oscar Salvatierra. Mediante un proyecto de declaración, el legislador había considerado que con la rescisión del contrato con la empresa Aguas de Salta, y la constitución de la Compañía Salteña de Agua y Saneamiento (CoSAySa), en la que el Estado tiene el 90% de las acciones, el cobro de esa tasa carece de sentido porque tampoco se justifica el control que realiza el ENRESP sobre la prestación del servicio de agua. "El Ente Regulador no puede controlar al Estado, porque el Estado no se puede controlar a sí mismo", había argumentado Salvatierra. Sin embargo, Isasmendi disintió con la posición del diputado, y aseguró que "desde (el pensador francés) Montesquieu para acá el Estado siempre tuvo organismos estatales que lo controlaban". Además, entendió que el rol que cumple el ENRESP sobrepasa el mero control, cumpliendo la función de regular económica y socialmente el servicio de agua. En ese sentido, evaluó que el organismo todavía tiene mucho para decir en materia de tarifas, áreas de prestación del servicio, entre otras materias. Finalmente, señaló que el ENRESP seguirá cobrando la tasa de fiscalización con la que financia su estructura.