El Gobierno provincial quiere un "plan maestro" para resolver la crisis sanitaria de la provincia generada por el colapso de la red de agua potable y cloacas. Por eso ayer el gobernador Celso Jaque y sus principales ministros recibieron en Casa de Gobierno a los referentes de la oposición y hoy hará lo propio con todos los intendentes.
La intención de Jaque es conseguir el mayor consenso posible para dar un solución rápida al problema del agua y las cloacas.
Aunque en la reunión de ayer no se avanzó en ningún camino, quedó claro que la intención del Ejecutivo es que el Estado invierta mucha plata en obras de infraestructura para dar una solución a la crisis y que no esperará a que la principal empresa prestataria, Obras Sanitaria Mendoza, cumpla con el plan de inversiones que ha repactado con la Provincia en dos ocasiones recientemente.
En verdad, la de ayer no fue la primera reunión política que el Gobernador encabezó por este tema. El sábado, 24 horas antes, se juntó con los principales intendentes del peronismo -a excepción del sanrafaelino Omar Félix- para hablar del tema. Les avisó que se reuniría con la oposición y con el resto de los jefes comunales.
"El tema no da para más, hay que invertir dinero, no podemos seguir esperando a que una empresa lo haga", admitió ayer el ministro de Gobierno, Mario Adaro, quien estuvo con Jaque y los referentes de la oposición.
Por el lado del Ejecutivo también estuvieron el secretario general de la Gobernación, Alejandro Cazabán; el ministro de Infraestructura, Francisco Pérez y el vicegobernador, Cristian Racconto.
Por la oposición fueron de la partida Omar De Marchi y Andrés Grau, del P; Juan Carlos Jaliff, titular de Consenso Federal y Carlos Le Donne, el interventor de la UCR. También estuvo el titular del Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS), Javier Montoro.
La intención del Gobierno es que el oficialismo, la oposición y los intendentes realicen primero, con la ayuda técnica del EPAS, un diagnóstico de la crisis y luego tomar un camino para resolverla a la brevedad.
Ayer, Jaque se llevó el visto bueno de los partidos opositores y hoy escuchará lo que tengan para decir los intendentes, algunos de los cuales prestan el servicio de agua potable desde sus municipios, como sucede en Luján, Maipú y Tupungato.
Según el Gobierno, durante la actual gestión se han invertido unos 14 millones de pesos para tapar los agujeros de OSM, que no está invirtiendo en obras de infraestructura pese a estar obligada a hacerlo en el contrato de concesión y en las cartas de entendimiento que firmó con la Provincia en los últimos años.
Las fuentes consultadas desecharon sin embargo que el Ejecutivo esté pensando en avanzar en una reestatización de OSM. Incluso en la mesa de ayer ni siquiera se tocó el tema de comprar las acciones de los franceses Saur, actuales operadores del servicio. Esta idea fue rechazada por la Legislatura el año pasado.
"El Gobierno cree que esto no se resuelve con subir la tarifa para que la empresa recaude más", comentó De Marchi, uno de los pocos que ayer se animó a hablar tras el encuentro en el Barrio Cívico.
Por su parte, Jaliff dijo que los equipos técnicos de los partidos con representación parlamentaria se reunirán con los funcionarios del EPAS para interiorizarse más de la gravedad de la crisis sanitaria que ayer blanqueó el Gobierno. "La prestación pasa por problemas, eso es innegable y se necesitan grandes inversiones", dijo el cobista.

El rojo de OSM
La reunión de Celso Jaque con la oposición sorprendió a OSM, firma con la cual el Ministerio de Infraestructura ha tenido reuniones para hablar de la delicada situación financiera por la que pasa la empresa.
OSM viene peleando un nuevo aumento de la tarifa para los usuarios metropolitanos desde el año pasado. Pretende una actualización del 74%, algo que el Ejecutivo no ha respondido y que está en estudio del EPAS.
Pero un informe de la UNCuyo confirmó (hace tres meses) que la empresa atraviesa una crisis financiera tras analizar el flujo de fondos negativos de 2008 y de la primera parte de este año.
En este contexto, varios diputados de la oposición han pedido la nulidad de la última "acta acuerdo" que firmaron el Gobierno y OSM porque consideran que la empresa no cumplió con el plan de obras prometido, principal causa de la crisis sanitaria.