El Gobierno provincial invitó a los partidos de la oposición a hacer un diagnóstico de lo que considera una “pésima” situación del sistema de agua potable y cloacas de la Provincia para que le presenten lo antes posible una salida al problema. El Ejecutivo ya tiene decidido sancionar a Obras Sanitarias Mendoza (OSM) por la mala calidad del servicio y se ha impuesto el viernes próximo como límite máximo para salir a anunciar lo que seguramente será un aumento de la tarifa.
Con la convocatoria de ayer a radicales y demócratas queda claro que el Gobierno no está dispuesto a ejecutar en soledad una suba de la tarifa del agua, a pesar de que desde hace más de un año viene diciendo que el sistema de saneamiento de la Provincia “no da para más”.
La frase se escuchó varias veces anoche en el cuarto piso de la Casa de Gobierno, al final de un fin de semana en el que las reuniones por este postergado y espinoso tema de gestión se multiplicaron tanto entre justicialistas como con la oposición.
“Hoy (por ayer) llamamos a las autoridades partidarias para analizar la crítica situación del sector de saneamiento de Mendoza e invitarlos a analizar la realización de un diagnóstico y un plan estratégico para salir de esta situación”, confirmó a las 21 el secretario general de la Gobernación, Alejandro Cazabán, convertido en uno de los voceros oficiales.
Fueron infructuosos todos los intentos periodísticos por arrancarle al funcionario si a priori hay consenso político para aumentar la tarifa, si el Ejecutivo lo propuso abiertamente, qué porcentaje se maneja y en el medio de qué otras medidas.
“Solamente hubo un buen entendimiento”, se limitó a decir. La ronda de consultas seguirá hoy, desde las 9, y también en el área de la Gobernación, con los 18 intendentes, de los cuales la mayoría es del mismo partido que el Ejecutivo (PJ).
“El paso siguiente será tomar una decisión. En las últimas horas el gobernador ha estado consultando al Ministerio de Infraestructura y al EPAS, que ya cuenta con todos los informes necesarios y cuyos directores representan a todos los partidos políticos mayoritarios”, agregó el secretario general.
Al Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) lo dirige desde el 23 de junio de 2008 Javier Montoro, un abogado muy cercano al jaquismo que el mismo día que asumió dijo a la prensa que “en materia del sistema cloacal existen algunas urgencias. Tenemos los informes de la UTN y hay una situación compleja. Deben hacerse controles, actuar rápidamente con nuestros equipos técnicos y lograr un diagnóstico preciso para que lo conozca el gobernador”.
Todo eso se hizo, pero tardíamente el EPAS advirtió que por ley también necesitaba contar con una auditoría de la UNCuyo, la que ya tiene en sus manos y que sirvió para las reuniones políticas del fin de semana.
El sábado y ayer poco se diferenciaron del resto de la semana para Jaque y sus ministros. Siguieron trabajando en sus oficinas. Terminar de darle forma a un extenso informe sobre el agua era tan urgente e importante como lograr el consenso y el apoyo necesarios tanto de propios como de extraños.
Así es como el sábado a la mañana Jaque convocó a sus ministros para las 11. Estuvieron casi todos, excepto el designado director general de Escuelas, Carlos López Puelles, porque se tomó un breve descanso mientras el oficialismo intenta juntar todo los avales para que el Senado apruebe su pliego.
También fueron citados intendentes peronistas. Ayer fue el turno de la oposición, y al promediar las 18 comenzó un cónclave con los presidentes de los partidos con representación parlamentaria: Juan Carlos Jaliff (CONFE), Carlos Le Donne (UCR), Omar De Marchi y Andrés Grau (PD).
Jaque, el vicegobernador Cristian Racconto, Cazabán, los ministros Mario Adaro (Gobierno) y Francisco Pérez (Infraestructura) lideraron los encuentros. La avanzada ligada a Obras Sanitarias Mendoza era de esperar después de que el Poder Ejecutivo confirmara el incremento tarifario para las empresas eléctricas el 21 de julio pasado.

Antecedentes negativos
Ejecutar cambios en torno a Obras Sanitarias, concesionaria del servicio de agua y cloacas, es una vieja deuda de los gobiernos provinciales, pero en el actual la relación entre la empresa el poder político empeoró.
OSM y el Estado llevan años de reclamos mutuos, con la intervención de la Justicia. Un claro ejemplo fue que en octubre el Entre Provincial del Agua y el Saneamiento (EPAS), de control, realizó una denuncia penal contra la empresa por la detección de óxido de manganeso en muestras del agua que se consume en barrios de Godoy Cruz.
El caso quedó a cargo del fiscal de Delitos Complejos Luis Correa Llano. OSM SA hizo un descargo y publicó una solicitada defendiéndose, pero el Gobierno y el EPAS la acusaron de una desinversión que provocó el deterioro del sistema. La empresa lo justificó alegando que la tarifa está desactualizada y solicitó un aumento que el Poder Ejecutivo estudia desde entonces.