Los efectos de los subsidios tarifarios en la red pública de agua potable se distribuyen sobre un total de 54.036 ciudadanos rionegrinos, según las contemplaciones llevadas a la práctica por la concesionaria Aguas Rionegrinas Sociedad Anónima (ARSA).
La empresa administra 138.073 cuentas residenciales. Un 11,28 por ciento hicieron el trámite de exención, representando 15.134 cuentas. Como el índice utilizado en las estadísticas de la provincia de Río Negro plantea un promedio de 3,5 habitantes por vivienda, la cobertura llega al mencionado universo.
De esa franja poblacional, un 75,52 por ciento (40.808 habitantes) reúnen alto grado de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI).
El congelamiento en los pagos se concentra principalmente en los barrios Lavalle y Mi Bandera de esta capital para 242 conexiones, en Roca para 537 de J.J. Gómez, 434 cuentas entre Don Bosco, Trabajo y Piedra Buena de Cipolletti, y 517 de los barrios ubicados a la vera de la ruta nacional N° 258 de la ciudad lacustre.
Se trata en su mayoría de titulares que reúnen la condición de desocupados, con trabajos esporádicos, y en menor medida jubilados. Para ello, debieron adherir entre 2005 y el año pasado al mecanismo establecido por la Ley N° 3.928.
El beneficio se ocupa de atender situaciones complejas relacionadas con los bajos ingresos, a partir de la percepción en el grupo familiar de un techo salarial, que no debe superar el monto del salario mínimo, vital y móvil de 1.240 pesos. ARSA mantiene esta cifra hasta que comience a regir el nuevo valor aumentado por la Nación en un 21 por ciento.

Desde el 10%
La empresa otorga los subsidios que van del 10 hasta el ciento por ciento de lo facturado a una conexión domiciliaria. La cobertura total se reparte entre quienes se encuentran por debajo del índice de indigencia. También corre para los pasivos que perciben menos de 980 pesos mensuales. Sin embargo, el relevamiento aún no discriminó precisamente cuantos directamente no pagan y quienes tienen una reducción en los consumos.
La subgerente de Promoción Social de la empresa, Stella Pascarossa, explicó a "Río Negro" que hay familias que no pueden pagar y si bien "no hicieron el trámite, de todas maneras, no se les corta el agua, mientras que la deuda se deja en suspenso hasta tanto se llegue a una solución definitiva" de los casos que "se estudian uno por uno".
Reconoció que no hay más pedidos de apoyo oficial por parte de la gente porque algunos "no vienen por miedo" a reconocer una situación de deuda y otros cuentan con el suministro porque un vecino les extiende una manguera y así obtienen el vital elemento "en forma no legal".
La ayuda tuvo cierta repercusión cuando ARSA firmó un convenio para que los asistidos en el Programa Comer en Familia puedan llenar los papeles, pero una gran porción omitió acercar a las oficinas de la empresa el número de cuenta, con lo cual no se pudo seguir adelante.