La intervención del Estado en OSM SA estaba anunciada con gestos y palabras desde que Celso Jaque llegó al poder. El Gobernador intentó primero conseguir el aval de la Legislatura para comprar el 32% de las acciones que tienen los operadores de la empresa, los franceses de Saur, pero no lo consiguió y los papeles nunca entraron en venta.
Después se sentó a negociar con ferocidad con los accionistas -Saur y el grupo Sielecki- que solicitaron en el último año alzas del 46,73%, del 78,41% y del 93,93%. Pero mientras el incremento inevitable se estudiaba en el EPAS y por la UNCuyo, el Ejecutivo urdió su plan para entrar a una empresa a la que se acusa de estar mal gerenciada y de haber llevado a la provincia a una crisis sanitaria.
Lo que se preguntan en la empresa por estas horas es por qué no se le concedió el aumento de la tarifa a los accionistas y si la intervención de OSM no es un golpe de efecto para tratar aminorar el costo político de subirle el precio a los usuarios de otro servicio esencial. El Gobierno acusa a los privados de no haber hecho inversiones en infraestructura que son clave y por eso decidió la intervención.
Sin embargo, elaboró un nuevo cuadro tarifario con un escenario que contempla la inversión de 0 (cero) pesos en obras ya que si se ponían fondos en infraestructura el aumento saltaba del 36,5% promedio al 41% o 51% (colocando 5 o 15 millones de pesos).
Ayer, el Gobierno cometió un nuevo error político en su quebradiza relación con la oposición. El domingo Jaque convocó a los líderes del radicalismo y del PD para invitarlos a diseñar un plan maestro -una política de Estado- para salir de la crisis sanitaria pero no les dijo que había decidido intervenir OSM y aumentar la tarifa. “Nos sorprendieron en nuestra buena fe”, dijo Juan Carlos Jaliff.
La reestatización, aseguran los funcionarios, no está en los planes. Pero la llegada de los interventores a la empresa, con la fuerza pública, dejó la sensación contraria.