El Gobierno provincial intervino la principal empresa prestadora del servicio de agua y cloacas de la provincia, Obras Sanitarias Mendoza SA, y anunció un aumento escalonado de la tarifa de entre $5 y $17 bimestrales sin IVA que llegará en las boletas de octubre.
En paralelo, comenzará a funcionar un consejo asesor con la participación de todos los partidos políticos que tendrá la misión de determinar qué obras se deberían hacer para mejorar el sistema, de cuánto sería la inversión y de dónde saldría el financiamiento.
La decisión fue informada ayer a la mañana en conferencia de prensa por el secretario general de la Gobernación, Alejandro Cazabán; el ministro de Infraestructura, Francisco Pérez, y el presidente del Ente Provincial del Agua y de Saneamiento (EPAS), Javier Montoro.
A la vez, en una reunión que se desarrollaba un piso más arriba, el gobernador puso al tanto de las medidas a 17 de los 18 intendentes. Una vez más el también justicialista Omar Félix, de San Rafael, no respondió a una convocatoria del Ejecutivo en esta segunda etapa poselectoral.
En general hubo apoyo y la discrepancia (leve, porque la decisión ya estaba en un decreto que acababa de firmar el gobernador) se centró en la suba tarifaria. El radical cobista Alfredo Cornejo (Godoy Cruz) y el demócrata Omar Parisi (Luján) fueron los más críticos sobre ese punto.
El argumento que expuso Cazabán de la intervención fue tan severo como conocido: “Desde el proceso de privatización hubo dos cartas de entendimiento entre el Estado y la concesionaria (en 2005 y 2007) que suponían de parte de Obras Sanitarias una serie de inversiones. Nosotros hemos llegado a un diagnóstico, que es de incumplimiento de la metas fijadas por parte de la empresa, lo que ha llevado a que el sistema de saneamiento esté colapsado y en una situación muy crítica”.
A esto también ligó el aumento de la tarifa, aunque agregó datos determinantes: “Además de la falta grave en obras, la situación actual de la empresa hace que no sólo no tenga para pagar los sueldos este mes sino que adeude el pago del agua que ella misma consume y la luz”.

La intervención
Mientras Cazabán hablaba, micrófono en mano, siguiendo fielmente la información que se proyectaba en Powerpoint, a varias cuadras del Barrio Cívico el ingeniero Gonzalo Manuel Dávila materializaba la intervención en el edificio de OSM ubicado sobre la calle Belgrano de Ciudad.
Dávila actualmente es vicepresidente del EPAS y fue director de Control y Saneamiento en el gobierno de Roberto Iglesias.
Según el decreto que Jaque firmó (el Nº 1.690), el objeto de la intervención es “restablecer la regularidad en las condiciones de prestación del servicio y asegurar la continuidad del mismo”.
Será interventor por 180 días, aunque el gobernador puede extender la medida por otro período igual, y cobrará el mismo sueldo que un ministro: alrededor de $8.000. Tendrá la asistencia jurídica de Aldo Rodríguez Salas, abogado de la Asesoría de Gobierno, y de otro profesional que debe designar la Fiscalía de Estado.

El alza tarifaria
“Se ha dispuesto el mínimo aumento tarifario para poder garantizar el mínimo servicio”, aseguró Cazabán. La empresa solicitó la última suba en abril de este año y fue del 93,93%. El incremento tarifario que dispuso Jaque es el tercero en los últimos 15 años, ya que se otorgó uno en el ’94, cuando la empresa todavía era manejada por el Estado, y después otro en marzo del año pasado (19,7%).

Se viene otra estrategia
El Gobierno da por sentado que la Provincia debería endeudarse para poder invertir en las obras que sean necesarias para mejorar el sistema de agua potable y cloacas, y sostener eso en el tiempo.
Esas obras saldrán del consejo asesor que se constituirá esta semana, porque su misión es definirlas, determinar cuánto saldrían y cómo financiarlas.
La creación del consejo es la tercera medida que anunció el Ejecutivo tras consensuarlo el domingo con radicales y demócratas.
Estará presidido por el titular del EPAS, Javier Montoro, e integrado además por los partidos políticos con representación en la Legislatura, las prestadoras del servicio, trabajadores del sector y usuarios.
El objetivo: diseñar un plan estratégico para el sector.