¿Por qué se llegó a esta situación de intervención de Obras Sanitarias y aumento tarifario para poder salvar un sistema de agua y cloacas colapsado? La respuesta a esta pregunta es el negro diagnóstico que mostró el Gobierno, que surgió de una revisión integral del sector.
Los problemas con OSM vienen siendo denunciados por todas las gestiones de gobierno. Y ayer, el presidente del EPAS, Javier Montoro, confirmó dos datos por demás elocuentes.
Por un lado, que como organismo de control últimamente recibió 6.000 reclamos por día de los usuarios de la concesionaria.
Y por otro lado, que “por diferentes incumplimientos (cortes en el suministro de agua potable, baja presión, bajo nivel de cloro, alta turbiedad y falta de parámetros de calidad, entre otros) se le aplicaron multas a la concesionaria por $835.000 desde el inicio del 2008 hasta el mes pasado”.
Las conclusiones a las que llegaron el Gobierno y el EPAS –según su propia información, la de la concesionaria, auditorías e informes de universidades– son las siguientes:
Inversiones: la empresa incumplió el 39% de las inversiones y el 12% de otras acciones previstas en la primera carta de entendimiento, firmada en el 2005.
Posteriormente, desde el 2008 hasta la actualidad, incumplió el 61% de las inversiones fijadas en la segunda carta que rubricó con la Provincia. Debía gastar anualmente, en obras, $1,5 millones. Pero OSM no presentó ni siquiera el detalle de los trabajos, pese al emplazamiento del EPAS.

Riesgo técnico: la propia empresa le informó en enero último al Poder Ejecutivo sobre el “estado de riesgo técnico” al que han llegado las redes colectoras de efluentes cloacales de Guaymallén y Las Heras, “siendo necesaria una inversión aproximada de $20 millones para paliar la situación”.

Manganeso en el agua potable: por deficiencia en la operación del sistema de potabilización, este elemento químico apareció en algunos barrios de Godoy Cruz debido a la oxidación de fórmulas solubles y/o desprendimientos de depósitos en el tramo del acueducto entre la planta potabilizadora Potrerillos y la presa homónima.
Por esto, el EPAS hizo una denuncia penal el año pasado y multó a la empresa en $100.000.

Mercurio: por deficiencia en el control y la distribución del insumo utilizado en algunas unidades operativas para desinfectar el agua, se constató que había más mercurio del permitido.
Plantas de tratamiento de efluentes cloacales: según el EPAS, “ningún establecimiento operado por OSM alcanza a cumplir las metas de calidad, y la mayoría trabaja superando su capacidad de carga nominal, lo cual demuestra falta de infraestructura y deficiencias operativas”.

Baja presión en el suministro de agua: el sistema de producción y distribución tiene problemas de diseño (expansión no planificada) y la empresa debía hacer trabajos que nunca estuvieron.
Además, algunas perforaciones de refuerzo no cuentan con un sistema automático de arranque y parada de bombas como para mantener estable la presión de distribución.

Acueducto Potrerillos: suministra el 20% del agua potable que se consume en el Gran Mendoza, “pero evidencia un déficit de mantenimiento que no ha sido atendido por OSM”, asegura el EPAS.

Plan de contingencias: si bien la empresa presentó un plan de contingencias, según el Gobierno, “carece de elementos específicos que permitan formular planes de prevención y mitigación, lo que debería obtenerse de estudios de vulnerabilidad”.

En limpio
“Con la intervención y el aumento de la tarifa no se solucionará esta grave situación que acarreamos desde hace años. La empresa irá recuperando el funcionamiento óptimo paulatinamente”.
“Es indispensable un plan estratégico a largo plazo, y por ello hemos convocado a todos los sectores”.
“Por el nivel de endeudamiento que pueden significar las obras que haya que hacer y su magnitud, lo que se decida junto al consejo asesor trascenderá esta gestión”.
“El grado de incumplimiento de la empresa y las faltas son tan graves, que no hay margen para una tercera carta de entendimiento”.
Alejandro Cazabán Secretario general de la gobernación

“Estoy de acuerdo con la intervención, no con la suba de la tarifa. La primera decisión se toma para manejar la empresa y obtener información, por lo que el aumento tendría que haber sido en unos 90 días. Además, se da cuando ya está en vigencia un incremento del gas y la luz”.
Alfredo Cornejo (UCR) intendente de godoy cruz

“En Luján tenemos tarifas que están cuatro veces por debajo de los valores de OSM y operamos muy bien. Sucede que la inversión de OSM ha sido nula”.
Omar Parisi (PD)
intendente de Luján