Una serie de inversiones urgentes están a la cabeza de las prioridades de la flamante intervención de la empresa Obras Sanitarias Mendoza (OSM), decretada ayer por el Gobierno provincial. Entre ellas se cuenta la ampliación de la planta potabilizadora de Benegas, la limpieza del acueducto de Potrerillos y el arreglos en Campo Espejo y Paramillos, entre otras obras que sumarían cerca de $48 millones.
Después de tres horas de reunión con representantes de la empresa que jamás dieron la cara ni explicaciones, los ejecutores de la medida interventoria dieron a conocer lo que le espera a la empresa y el servicio durante los próximos seis meses, que podrían extenderse hasta a un año.
“Tendremos que salir a buscar las inversiones necesarias porque son obras grandes las que se necesitan y se trata de un servicio esencial para los usuarios”, explicó el flamante interventor, Gonzalo Dávila.
Para esto esperan conseguir líneas de crédito nacional. Es que la Provincia ha anunciado una disminución de gastos por la que el presupuesto es intocable para encarar nuevas obras públicas.
Un dato a tener en cuenta es que la intervención de OSM se generó en la falta de inversión de la empresa concesionaria, donde la mayoría accionaria está en manos de Saur Internacional y Aguas del Sur con 32,08% cada una. La participación estatal alcanza el 20% y el resto está en manos de pequeños prestadores y empleados.
Para que se entienda: durante la intervención, el Estado deberá buscar la plata para las inversiones que OSM no hizo. Para colmo, es posible que una vez terminada esta etapa los concesionarios sigan siendo los mismos que generaron el problema.
Otro dato, si la concesión original continuara, el contrato implica la cesión del servicio hasta el año 2088, ya que es por 90 años y se firmó en 1998.
Dávila subrayó que durante su intervención se hará un diagnóstico acabado de la situación que actualmente atraviesa la empresa proveedora de agua.
Y agregó: “Esta medida y las inversiones que demanden no implican la estatización del servicio. Claro que es una alternativa que también podría darse una vez que finalice esta etapa”.
El flamante interventor reiteró que la medida se origina en la falta de inversión durante la última década y subrayó que “además generó cuantiosas demandas penales”.
Posteriormente remarcó que más allá de que la empresa concesionaria no cumplió sus compromisos, la infraestructura sigue siendo del Estado.
“Además está la participación estatal del 20%, por lo que el gobernador –Celso Jaque– está preocupado en brindar este servicio importantísimo. No podemos fijarnos sólo en lo que no se ha hecho hasta ahora. Hay que mirar adelante y pensar en un plan estratégico a 20 o 25 años”, aportó Javier Montoro, presidente del Ente Provincial del Agua y de Saneamiento.

Siguen el personal y los servicios
En los momentos iniciales de la intervención, el presidente del Ente Provincial del Agua y de Saneamiento (EPAS), Javier Montoro, junto con el interventor, Gonzalo Dávila, dieron a conocer otros aspectos importantes de la decisión gubernamental.
Además de las necesidad de buscar financiamiento para las obras urgentes, ambos funcionarios hicieron hincapié en diferentes aspectos relativos a los usuarios y el personal que hoy compone Obras Sanitarias Mendoza.
“En principio hay que repensar el sector. Se ha atendido un crecimiento enorme de la población con la misma infraestructura en la última década. Es normal que haya colapsado”, sostuvo Montoro.
Alejandro Agüero y Edgar Núñez, directores del EPAS, añadieron que una de las ideas es apuntar a la micromedición. En otras palabras, colocar medidores para lograr un cobro más equitativo del servicio.
Montoro reconoció que la colocación de medidores pondría un manto de justicia sobre el sistema que actualmente no cobra por el consumo de cada usuario.
“Pero no es nada barato”, advirtió inmediatamente, ya que sería un gasto que recaería directamente sobre la tarifa.

No habrá despidos
“Queremos llevar tranquilidad a los empleados de la empresa. Durante el tiempo que dure la intervención no se piensa despedir ni incorporar a nadie. Sí puede darse la convocatoria de quienes formarán el directorio o lo asesorarán”, dijo Montoro.
En tanto, las oficinas seguirán con su normal atención. Los clientes podrán realizar los reclamos y pagos correspondientes en los mismos lugares y horarios que lo venían haciendo hasta ahora.